El Gobierno cambia el eje de la discusión política y da gestos al kirchnerismo irritado por el acuerdo con el FMI. Pero hay riesgos políticos y económicos
El primer efecto del cierre exportador de aceite y harina de soja -y la sospecha de una próxima suba de retenciones que ya se descuenta en todo el ámbito agrícola– está a la vista: se corrió el eje de la discusión política.
Si hasta la mañana del domingo el gran tema en todos los medios -desde los más afines al kirchnerismo hasta los de línea liberal- era la inminencia de una ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por sus diferencias respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ahora ese tema pasó a un segundo plano y se vuelve a hablar del riesgo de la reedición de una “guerra” entre el campo y el Gobierno.
Lo que deja en claro que los kirchneristas podrán criticarle muchas cosas al Presidente, menos una: aprendió de Cristina el arte para generar hechos políticos de alto impacto que cambien la agenda política nacional. La ex mandataria era experta en ese manejo, y cada vez que había problemas de gestión o debía tomar una medida desagradable, conseguía recuperar el favor de su base militante por la vía de encontrar una nueva “causa épica”.
Con la media sanción del acuerdo con el FMI, Alberto se ve obligado a caminar por una fina cornisa: por un lado congraciarse con el kirchnerismo, pero sin que eso ponga en riesgo la refinanciación de la deuda. No por casualidad, enviaron de apuro a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, a desmentir una suba de retenciones, al mismo tiempo que Martín Guzmán explicaba el plan económico en el Senado. Sin embargo, después del cierre exportador anunciado el fin de semana, en el ámbito agropecuario ya tomaron nota de quién es el sector al cual el Gobierno apunta como variable de ajuste.
En el entorno de Alberto deben haber estado atentos al humor que se traslucía entre los más deprimidos por el acuerdo con el FMI al que no sólo hubo que votar “tapándose la nariz” sino negociando con los mismísimos dirigentes políticos del macrismo a los que se quiere enjuiciar por haber tomado la deuda en 2018.
Y entre las quejas que se escuchaban en la propia interna de la coalición gubernamental figuraba la de sobre quién recaería el costo del ajuste. En el kirchnerismo se daba por obvio que, al contrario de lo que afirmaba el ministro Martín Guzmán, el acuerdo con el FMI supondría una caída en el poder adquisitivo del salario.
Por caso, la economista Fernanda Vallejo fue una de las más elocuentes al argumentar contra la suba de tarifas: su visión es que servicios públicos más caros, combinados con la presión de precios internacionales impactados por la guerra, pondrán más presión sobre el tipo de cambio y, en consecuencia, más inflación.
“En esta probable aceleración inflacionaria adicional, los salarios vienen corriendo desde bastante atrás, algo que puede profundizarse con el aumento de tarifas. Los números son implacables, y no dejan lugar a dudas. El FMI siempre fue contra los trabajadores. Y esta vez no será la excepción”, argumentaba la ex diputada, ya anticipando el masivo rechazo que el kirchnerismo daría al proyecto oficial.
Pero incluso quienes, dentro del Frente de Todos, estuvieron a favor del acuerdo, lo hicieron con la salvedad de que se preocuparían por que el esfuerzo fiscal que se vendría no recayera en los sectores de menores ingresos. No fue casualidad que diputados como Victoria Tolosa Paz recordaran su consigna de ir hacia una “matriz tributaria progresista”, insinuando medidas drásticas contra quienes tienen mayores márgenes de ganancias.
El aumento en la recaudación de impuestos como Bienes Personales ya estaba en el debate, como consecuencia del revalúo inmobiliario. Pero, aunque los opositores protestaran, en el Gobierno tenían claro que esa medida, en el corto plazo, tendría efectos más bien marginales sobre la recaudación total.
Escuchando el “hagan algo”
La conclusión era que se necesitaba una medida que tuviera un efecto económico y político fuerte. Y las retenciones cumplen esa función a la perfección: retrotrae el clima político al gran conflicto del 2008 por las retenciones móviles, un evento que muchos están recordando por estas horas.
Aquella fue una “derrota dulce” para el kirchnerismo: perdió la votación pero ganó un relato épico y una base militante propia. Antes de ese conflicto, los Kirchner dependían de que los sindicalistas les prestaran su aparato movilizador para mostrar apoyo en las calles. Pero la célebre resolución 125 terminó transformándose en una bandera que entusiasmó a una nueva militancia joven. De hecho, fue allí cuando tomó forma el núcleo de La Cámpora.
Alberto Fernández, que vio todo el proceso desde dentro, entiende bien cómo funciona esa dinámica. Sabe que después del disgusto que implica el acuerdo con el FMI, el riesgo de ruptura del FdT es grande con vistas a la elección de 2023.
Tanto que, como dice el politólogo Lucas Romero, “a Cristina y a Máximo, ahora les sirve paradójicamente que el programa con el FMI fracase, porque curiosamente sería una legitimación de su postura política, y habilitaría el ‘Cristina y Máximo tenían razón’”.
Para el director de la consultora Synopsis, lo realmente difícil que tiene por delante el Presidente es lograr el apoyo del kirchnerismo para que el programa económico función: “Cada medida que haya que tomar, o cada política que haya que reorientar, deberá lograrse sin juntar el apoyo pleno de la toda la coalición gobernante”.
De manera que una medida de enfrentamiento con el campo cumpliría con un objetivo muy concreto: demostrarle al kirchnerismo que sí hay voluntad para tocar los intereses de los “grupos concentrados”. De esa forma, se podría evitar, al menos por el momento, una ruptura que ponga en riesgo las chances electorales del peronismo.
De hecho, ya se vienen insinuando medidas en esa tónica. Por ejemplo, el anuncio -hasta ahora no concretado- de crear una Empresa Nacional de Alimentos, con el objetivo de apoyar a pequeños productores poner la logística estatal al servicio de la distribución de alimentos.
Su función, en teoría, sería la ayuda a que se comercializaran a “precios testigo” alimentos más baratos que los de los “grupos concentrados”.
Las críticas de la oposición, que compararon esta iniciativa con la experiencia chavista de la PDVAL -una empresa estatal formada para combatir la escasez y la inflación y que fracasó notablemente en su cometido- no sólo estaba en los planes del Gobierno, sino que hasta eran funcionales a su propósito.
Una medida con “timing” bien calculado
El “timing” para la aplicación de retenciones en este momento es perfecto. No se podía hacer antes de la votación de Diputados sobre el FMI, porque se corría el riesgo de que la oposición macrista -e incluso parte del peronismo ligados a las provincias agrícolas- tuvieran un motivo adicional para desconfiar del Gobierno y votar en contra del acuerdo.
Pero tampoco se podía dejar pasar mucho tiempo. Y el calendario del Gobierno marca dos fechas en rojo: la primera es la de este martes 15, cuando el Indec dé a conocer el dato de la inflación de febrero, que se espera en torno al 4%. Aun cuando la cifra no causará sorpresa, el shock político siempre es inevitable, sobre todo si, como ya ocurrió en enero, se revela que el rubro alimentos sube un punto por encima del promedio de la inflación.
La segunda fecha clave es la del 30 de marzo, cuando el Indec publicará el dato de pobreza e indigencia. Aun cuando pueda haber una mejora respecto de la última medición, se da por descontado que los registros seguirán marcando una dolorosa realidad, con más de 30% de la población sin sus necesidades básicas satisfechas.
El “timing” de la medida es tan bueno que coincide, además, con el cierre de ExpoAgro, donde se notó un optimismo por la pujanza del sector y el volumen de compras de maquinarias. Algo que, desde el punto de vista del Gobierno, sirve como un desmentido a las quejas de los productores sobre una caída en sus márgenes de rentabilidad.
De manera que una medida drástica y que genere “ruido” político cumplirá con una función fundamental: la de mostrarle a la sociedad -y, sobre todo, a la interna del Frente de Todos- que se está respondiendo al reclamo de “hagan algo”.
Así describió la política oficial Hernán Fernández Martínez , director de comercialización en la consultora AgroEducación: “Fideicomisos, Compensaciones, Volúmenes de Equilibrio, Precios Cuidados, Carne Para Todos o Incremento de Derechos de Exportación. Supuestas soluciones que no solucionan nada, sino más bien empeoran la situación del enfermo, pero parecen constituir un placebo para el Gobierno que los impone y para el resto de la sociedad que quizás tiene la sensación de que ‘hay alguien haciendo algo para que la situación mejore’”.
Los costos políticos
Pero así como Alberto Fernández conoce los beneficios políticos de generar una pelea con el campo, también sabe sus costos.
El primero es el riesgo de que, en su afán por reconciliarse con el kirchnerismo, abra una nueva fisura con el peronismo conservador de las provincias agropecuarias.
Por lo pronto, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba ya criticaron la medida, de la misma manera en que antes se habían opuesto a la estatización de Vicentin, al cierre exportador de maíz y a los cupos para exportar carne.
Tal vez el Presidente considere que esas críticas no llegarán al extremo de una ruptura política, pero la experiencia reciente de la elección legislativa deja un mensaje contundente: allí donde el peronismo se enemistó con la clase media rural -la que sostiene la economía con sus impuestos y además determina la identidad cultural provincial-, los resultados electorales fueron muy negativos.
Además, una suba de retenciones que equipare en un mismo nivel a los productos elaborados que a la materia prima sin procesar contradice el discurso sostenido hasta ahora por el Gobierno, que proclama querer incentivar la industrialización del agro mediante un esquema de retenciones diferenciadas.
¿Alcanza para pagar las cuentas?
Y, finalmente, están los números de la economía: ¿tiene más para perder que para ganar el Gobierno si aplica la suba de retenciones?
La sospecha de los economistas es que se trata de una medida errónea. Puede mejorar el ingreso fiscal, sí, aunque es difícil que el rubro de retenciones a la exportación, que ya el año pasado representó un 9% del ingreso de la AFIP, pueda impactar mucho más. En términos de PBI, las retenciones ya equivalen -después de un excelente año para el agro- dos puntos y medio.
Y, además, hay que recordar que si bien los precios agrícolas están en un nivel récord, impactados por la guerra en Ucrania, eso no implica que Argentina tenga una mejora explosiva en su ingreso de divisas, porque el mayor precio se “netea” con una caída en la producción, consecuencia de las sequías que afectaron a buena parte de las regiones agrícolas.
Hablando en números, los expertos esperan que la exportación del agro este año será unos u$s1.000 millones superior a la del año pasado. Una cifra interesante, pero que palidece frente al déficit de u$s6.000 millones que se espera por el encarecimiento de las importaciones de gas.
Ese es, por otra parte, uno de los justificativos oficiales para aumentar las retenciones: la ayuda para financiar el complicado panorama energético. Sin embargo, también ahí se han escuchado críticas.
La principal es que esta medida funciona como un desestímulo a la exportación, justo cuando lo que el Gobierno necesita es maximizar el ingreso de divisas. Incluso un economista como Martín Redrado, que en estos días suena como eventual reemplazo de Martín Guzmán, dijo que lo que se debería hacer sería premiar a quienes aumenten su volumen de exportación con una baja de retenciones sobre el excedente de lo vendido.
Los primeros cálculos indican que una suba de las retenciones implicaría una mayor recaudación de dólares en el orden de los u$s400 millones. Esto, claro, siempre que los precios se sostengan en sus niveles actuales y que no haya una reacción díscola de los productores que quieren retener los granos.
De manera que la medida tampoco asegura una solución en el plano energético. De hecho, ya muchos economistas hablan abiertamente del riesgo de que haya recortes en el suministro a la industria.
Fuente: Iprofesional