Las empresas Ausol y GCO salieron a rechazar la última suba del 26% y piden respetar el contrato que firmaron con el gobierno de Mauricio Macri
El 17 de febrero pasado comenzaron a regir los nuevos precios de los peajes de las rutas nacionales, con aumentos de hasta un 26% que fueron definidos por el Gobierno tras llevarse a cabo las audiencias públicas convocadas por las autoridades nacionales para analizar el retoque en los valores para este año.
En el Acceso Norte, la tarifa más baja (estaciones de Peaje Debenedetti y Márquez) para automóviles (categoría 2) pasó a ser de $60 en horario no pico y de $80 en horarios pico. La más cara, para la misma categoría, de $100. También se oficializaron los descuentos del 15% o 45% (de acuerdo al tipo de vehículo) por el uso del sistema de pago automático.
En el Acceso Oeste, para todas las estaciones de peaje, la tarifa para automóviles (categoría 2) quedó en $80 en horarios no pico y $100 en horarios pico. En el caso de la Autopista Riccheri, oscilan entre lo $120 y los $180, según la estación de peaje.
Para las autoridades, el aumento es suficiente para cubrir las variaciones de los precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las concesiones.
Peajes: segunda actualización de precios del Gobierno de Alberto Fernández
Se trata del segundo retoque otorgado por el gobierno del presidente Alberto Fernández desde que asumió, en diciembre del 2019, teniendo en cuenta el incremento del 9% que regía desde julio del año pasado.
Si se suman las subas, las concesionarias de las rutas con peaje acumulan una suba de casi el 24% en nueve meses, contra un incremento de gastos que si sólo se tiene en cuenta la inflación del mismo período, supera el 27%, a lo cual habría que sumarle el incremento de los costos desde principios del 2018, cuando los peajes quedaron congelados por decisión del entonces gobierno de Cambiemos.
Por esos motivos, las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), seguirán reclamando mayores incrementos ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ente a cargo del control del sector y de la aprobación de los cuadros tarifarios aplicados en los accesos Norte y Oeste, y en la Panamericana que operan las dos compañías controladas por el grupo europeo Abertis.
Ambas sociedades mantienen sendos reclamos por los años de cepo y por la fuerte caída de ingresos que sufrieron luego de la declaración de la pandemia y a partir de la disminución de la demanda de tránsito provocada, principalmente, por las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio impuestas por el gobierno nacional.
Otras medidas
Medidas que fueron sucesivamente prorrogadas desde marzo del 2020 hasta el 1° de octubre del año pasado y entre las que se incluye la suspensión total del cobro de las tarifas de peaje impuesta por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) entre el 20 de marzo y el 18 de mayo del año pasado.
Tanto Ausol como GCO consideran que el Gobierno viene cometiendo una “violación del AIR y la consecuente afectación de sus derechos”, por lo cual reclaman compensaciones contractualmente previstas, sin que a la fecha hayan sido abonadas.
Las compañías consideran necesario que el actual gobierno respete lo convenido en el Acuerdo Integral y rechazan las disposiciones oficiales por entender que son contrarias al régimen tarifario del AIR y porque vulneran sus derechos.
Los pedidos continuarán también luego del último aumento, según surge del contenido de sendas notas enviadas por Ausol y GCO a la Comisión Nacional de Valores (CNV), para manifestar su inconformismo con los nuevos cuadros tarifarios dispuestos.
“El incremento resulta inferior a los que correspondería aplicar conforme a lo establecido en el Acuerdo Integral de Renegociación del Contrato de Concesión, aprobado por el Decreto N° 607/2018, motivo por el cual la sociedad considera a dicho aumento como parcial y a cuenta de los que contractualmente corresponden”, aseguran las empresas en sus comunicaciones.
En ambos casos, hacen referencia a la renegociación de sus contratos de concesión que habían definido con el ex presidente Mauricio Macri y que el actual gobierno del Frente de Todos derogó por entender que se trata de contratos irregulares y que solamente beneficiaban a las empresas concesionarias y perjudicaban las arcas del Estado.
Una mirada que, obviamente, no es compartida por los ejecutivos de las dos compañías de Abertis quienes insisten en que tanto Ausol como GCO continuarán realizando las gestiones y presentaciones “conducentes a los fines de la recomposición del equilibrio del Contrato de Concesión, con arreglo a los derechos que le asisten”.
De hecho, las dos sociedades ya iniciaron un millonario reclamo contra el Estado nacional cercano a los u$s200 millones a las autoridades precisamente por la falta de adecuación de esas tarifas a lo que establece el contrato de concesión.
Las empresas recuerdan la firma del acuerdo que les permitiría extender sus concesiones hasta el 2030 y aplicar a la vez una nueva fórmula de actualización de los cuadros tarifarios.
Sin embargo, las autoridades nacionales vienen rechazando de manera sistemática todos los pedidos de Ausol y GCO para readecuar los peajes de acuerdo a la fórmula estipulada en el contrato puesto bajo la lupa que ajustaba las tarifas cada seis meses por inflación calculado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y además estableció un mecanismo de compensación de los fondos que las dos empresas dejaron de percibir por los años de congelamiento y que supera los u$s800 millones.
El contrato también estipulaba que Ausol y GCO se comprometían a encarar un ambicioso plan de inversión y a retirar una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones.
Reclamo repetido
En los últimos estados de resultados informados por Ausol y GCO a la CNV correspondientes al período de nueve meses entre enero y septiembre pasados las empresas aclaran que presentaron ante las autoridades los llamados Planes Económicos Financieros (PEF), de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Renegociación Tarifaria del 2018 y en relación con la redeterminación tarifaria anual que refleja la incidencia en esa estrategia.
En el caso de Ausol, el cálculo correspondiente al 2019 reflejó la existencia de conceptos adeudados a la sociedad por u$s36.602.751 “correspondientes al período mencionado de acuerdo con lo definido en el Acuerdo Integral (inversión no amortizada e intereses adeudados), los cuales se suman a los conceptos adeudados por otros u$s6.700.000 por el período comprendido entre el 24 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018”, según señala la empresa en la nota.
Ausol también reclama deuda correspondiente al 2020, de acuerdo con lo previsto en el AIR en relación con la redeterminación tarifaria anual y que fue complementada el 10 de mayo pasado llegando a la suma de u$s76.262.664 que se agregan a los conceptos adeudados por los períodos 2018 y 2019 por u$s5.082.795 y u$s36.602.751, respectivamente.
“Dichos conceptos adeudados se originaron principalmente con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios y la falta de compensaciones al respecto”, detallan los abogados de Ausol.
Con respecto a GCO, menciona que el 31 de marzo del 2020, de acuerdo con lo previsto en el AIR, presentó a la DNV el plan económico financiero correspondiente al 2019 que reflejó la existencia de conceptos adeudados por u$s5.299.891 que, según la sociedad debían ser cubiertos con los fondos de la cuenta remanente, incluyendo la reserva suficiente, que a esa fecha disponía del saldo de los flujos generados en el período comprendido entre el 24 de julio y el 31 de diciembre del 2018, conforme surge de la presentación del PEF de ese año.
Para el 2020, el cálculo reflejó la existencia de conceptos adeudados a GCO por u$s33.411.501 que se originaron principalmente “con motivo del no reconocimiento de los ajustes tarifarios que se mencionan en el punto siguiente y la falta de compensaciones al respecto”.
El documento recuerda que el acuerdo integral tarifario prevé en su artículo cuarto que el concesionario tendrá derecho a una redeterminación tarifaria anual que refleje la incidencia en el plan económico financiero.
“Sin perjuicio de ello, tendrá derecho además a actualizaciones tarifarias mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”) al final del primer semestre de cada año o cuando la variación del CER desde la última actualización o redeterminación tarifaria, supere el 10%”, añade el documento.
Sostiene también que “desde poco después de la entrada en vigencia del Acuerdo Integral, que tuvo lugar el 24 de julio de 2018, en virtud de distintas medidas públicas se han venido registrando incumplimientos del concedente al régimen tarifario allí previsto”.
Ambas sociedades ya habían rechazado el aumento del 9,9% aplicado por DNV en julio del año pasado por contemplar una actualización muy inferior a la que habría correspondido de aplicar lo dispuesto en el AIR, frente a una inflación acumulada que supera el 185%.
Por eso, las empresas advirtieron que el incremento es percibido como un ajuste parcial a cuenta de los aumentos tarifarios contractualmente previstos y que corresponden aplicar según el AIR.
Las operadoras también solicitan a la DNV la correspondiente compensación del déficit de ingresos, determinado como la diferencia entre las tarifas aplicadas y las que habría correspondido aplicar según el AIR por la totalidad de los vehículos pagantes de peaje registrados durante ese período.
En el caso de Ausol, en su balance agrega a modo de conclusión que “durante los años 2019 y 2020, y en lo que va del actual período, los cuadros tarifarios que ha aplicado han sido significativamente inferiores a los que habría debido aplicar en virtud de lo previsto en el AIR, registrando incluso un marcado retraso respecto de la inflación registrada en todo ese período”.
Fuente: Iprofesional