Gobierno ya tiene lista la segmentación de tarifas

Los detalles de la segmentación:

•  El aumento de tarifas de electricidad estipulado para principio de año será de hasta 20% en 2022 a nivel nacional y se aplicará por única vez en el año.
• Paralelamente, la Intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) elevó al Ministro de Economía y al Secretario de Energía una propuesta para implementar en el AMBA una primera etapa del programa de segmentación tarifaria en el marco de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y el Decreto N° 1020/2020.
• Esta primera etapa se focaliza en el AMBA, dado que en ella se concentra la mayor cantidad de usuarios (el 40% de los usuarios residenciales sobre el total). Además, se trata de la zona donde operan EDENOR y EDESUR, empresas concesionarias del servicio público de electricidad bajo jurisdicción nacional regulada por el ENRE.
• Esta propuesta servirá, además, como insumo técnico para el diseño por parte de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía de un plan de segmentación tarifaria de alcance nacional, que será implementado cuando las autoridades lo consideren pertinente.

Sobre el esquema actual de subsidios a la demanda de electricidad:

• Usualmente se mezclan conceptos como subsidios y fijación de tarifas de distribución (VAD) o se alega que el incremento de los subsidios se debe se debe a la menor actualización de la tarifa.
• En realidad, los subsidios a la demanda de la energía eléctrica por parte del Estado nacional surgen de la diferencia entre el costo de la generación y el precio estacional (fijado cada trimestre por la SEN para las distintas categorías tarifarias).
• Así, el conjunto de usuarios de energía eléctrica a nivel nacional percibe erogaciones del Estado nacional en concepto de subsidio a la demanda.
• Este esquema busca preservar la capacidad adquisitiva de los hogares, así como favorecer la actividad productiva de comercios e industrias.
• Adicionalmente, el régimen de Tarifa Social garantiza el acceso al consumo de electricidad de la población más vulnerable.
• Sin embargo, existen sectores con alto poder adquisitivo y empresas con elevada capacidad económica, que podrían afrontar el pago del costo pleno de la energía.
• Esto vuelve necesaria una revisión del esquema de subsidios energéticos, que permita focalizar el esfuerzo fiscal en sostener los ingresos de los sectores más vulnerables, sectores medios y actividades económicas de menor capacidad económica y/o (coyunturalmente) afectadas por la pandemia.

Sobre la propuesta de segmentación tarifaria en el AMBA:

• Los equipos técnicos del ENRE, en conjunto con investigadores del CONICET, trabajaron durante el año 2021 para definir los criterios de quita de subsidios y el diseño de la estrategia metodológica que permita identificar aquellas personas usuarias con capacidad de afrontar el costo pleno de la energía en el AMBA.
• En este marco, el ENRE ha firmado varios convenios y acuerdos de trabajo para contar con las bases de información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). También se han desarrollado intercambios de información con diversos organismos públicos.
• Dada la complejidad que supone la identificación de estos sectores, en un principio por la baja calidad de las bases de usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica como por la dificultad logística y técnica en el cruce de datos entre distintos organismos públicos y en vistas de la sensibilidad social que puede conllevar esta política, se ha propuesto un plan de incorporación al programa en varias etapas sucesivas.

PRIMERA ETAPA:

A. Usuarios residenciales:

• A partir de la aplicación de métodos de estadística espacial, se identificaron zonas compactas y homogéneas del AMBA en las que los inmuebles presentan un mayor valor inmobiliario relativo.
• Esto permite inferir, con un reducido margen de error, que las personas usuarias que residen en estas áreas cuentan con ingresos y patrimonios relativamente elevados en relación con el conjunto de la población del AMBA.
• Desde ya, quedarán eximidas de la quita de subsidios los beneficiarios de la tarifa social, que habitan las zonas identificadas bajo esta técnica.
• Como se informó en el mes de enero se estableció un parámetro de aumento tarifario que tiene como techo un 20% y dicho incremento, si así lo disponen las autoridades antes nombradas, podría aplicarse simultáneamente con el trabajo de segmentación ya entregada.

A través de una documento preparado para ser presentado en las audiencias públicas donde se definirán las tarifas de energía, la subsecretaría de Energía Eléctrica oficializó que planea un aumento de entre el 17% y 20% en las boletas de luz para este año.

La dependencia afirmó que se “cree conveniente rever la cobertura de los usuarios del costo de generación y transporte y, consecuentemente, el precio que se traslada a los usuarios”, según informó el diario Clarín. Esto implica ir removiendo subsidios, como lo exige el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las subas de 2022 están justificadas -según este organismo- “con la perspectiva de continuar en el sendero de la recuperación económica”. El Estado nacional subsidia el 65% de esos costos. Es decir que los clientes pagan un 35% de lo que vale la luz.

Aunque fuentes oficiales ya habían expresado que el aumento sería de entre 17% y 20% en las boletas, la presentación de la subsecretaría de Energía Eléctrica es la confirmación por escrito de esa decisión.

“Se prevé que los costos de generación aumenten en el año 2022 respecto al año 2021. Con la recuperación económica que está experimentando el país, se cree oportuno avanzar en la revisión de los precios estacionales”, señala un documento de la dependencia encabezada por Federico Basualdo.

“Por ello, se plantea la fijación de precios se defina de forma tal cuyo impacto final en la factura de los usuarios oscile entre 17% y 20%. La liberación de fondos en materia de subsidio corrientes al precio de la energía contribuirá a la ejecución de obras de infraestructura para fortalecer el funcionamiento del sistema eléctrico con un enfoque inclusivo y federal”, establece ese trabajo.

Ayer, las empresas Edesur y Edenor consideraron “imprescindible” una “adecuación tarifaria” de los servicios de energía eléctrica, pero evitaron difundir el porcentaje de aumento que buscan obtener.

Según ambas compañías -que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si se mantienen los actuales valores tarifarios, sus déficits operativos aumentarían en 2022 en $43.236 millones (en el caso de Edesur) y $56.817 millones (Edenor).

Las distribuidoras elevaron sus proyecciones económico-financieras a la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) María Soledad Manín, en el marco de la audiencia pública que se realizará el 17 de febrero.

En esa oportunidad, tanto distribuidoras como transportadoras presentarán formalmente sus propuestas de ajuste de tarifas. En el marco de la audiencia, se estima que tanto Edenor como Edesur darán a conocer el porcentaje de aumento que pretenden.

El Gobierno estima un incremento del 20% en promedio para el servicio eléctrico, pero como también busca llevar adelante una segmentación de tarifas -tal como lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán- muchos usuarios dejarán de ser subsidiados y pagarán el valor total del servicio, aunque se mantendrá la tarifa social.

Ante el ENRE, Edesur puntualizó que, sin ajuste tarifario, el flujo de fondos de la compañía tendría un déficit adicional de $ 43.236 millones.

Edenor, por su parte, presentó dos escenarios: uno con los supuestos macroeconómicos fijados por el ENRE en base al proyecto de ley de Presupuesto (33% de inflación y dólar a $131,10 a fin de año) y otro en base a estimaciones hechas por la propia compañía en octubre del año pasado (46,8% y $153,40 para ambos indicadores, respectivamente).

El resultado de la proyección para 2022 con las variables macro remitidas por el ENRE arroja un déficit de caja de $50.849 millones, explicó sobre la primera de las opciones.

Luego, en cuanto a la necesidad de fondos según sus estimaciones, indicó que asciende a un total de $56.817 millones adicionales para cubrir el déficit del período.