La iniciativa oficial que busca incrementar los desembolsos en el sector del gas y petróleo recibió fuertes cuestionamientos. Aseguran que no es “transparente” y que “esconde” ejes que benefician solo a YPF.
El cuestionado proyecto de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que presentó el gobierno nacional hace 2 semanas sumó nuevas críticas sobre su potencial y principalmente sobre estructura de beneficios fiscales. Aseguran que tiene un diseño que no es “transparente” y que no se respeta a las provincias en su rol de dueños de los recursos naturales.
“El actual proyecto de ley compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, tiene un diseño inconstitucional que no es transporte, crea inequidades que serán motivo de reclamo y, además, se contrapone con criterios elementales de la transición energética”.
Así lo describieron desde la comisión directiva del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que lidera el exasesor de Juan José Aranguren y expresidente de Transener en 2017, Jorge Lapeña.
Desde el instituto marcaron que los programas de promoción del proyecto “perpetúan” en el tiempo el actual mecanismo de formación de precios de la energía que “desacopla” el precio que paga la demanda del que recibe la oferta y generan el abultado salto en los subsidios energético que el Estado no puede financiar.
En línea con las provincias productoras, apuntaron contra el Consejo de Inversiones que la propuesta oficial propone crear al asegurar que no tienen prevista la participación provincial lo que atenta contra lo que marca la Constitución. “Este Consejo de Inversiones desconoce el dominio original de los recursos naturales en los territorios establecido en el artículo 124 de la Constitución de 1994 y en las leyes posteriores, como la 26.187”, señalaron.
Por otra parte, los especialistas del instituto marcaron que los beneficios fiscales que el proyecto otorga no se encuentran “debidamente” dimensionados ni acotados. En la misma línea manifestaron que no está limitada la aplicación de los avales por parte del Estado, ni el financiamiento con fondos públicos de proyectos sin estudios de factibilidad completos como el gasoducto Néstor Kirchner, incluido en el Presupuesto 2022.
“En ausencia de un Plan Energético integral, el mecanismo promocional previsto por le proyecto carece de la transparencia necesaria y no asegura la asignación eficiente de recursos”, indicaron.
En paralelo desde el Mosconi también denunciaron que dentro del articulado del proyecto se “esconde” un salvataje impositivo a YPF que beneficiaría a los accionistas que poseen el 49% de la participación.
Precisamente hacen referencia al Régimen Especial de Cancelación para Grandes Inversores Hidrocarburíferos (Rech). La propuesta oficial comprende que los sujetos pasivos de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que hayan invertido más de 1.000 millones de dólares entre 2019 y 2020, podrán acogerse al régimen.
“Por este régimen se podrá aplicar parte de sus pérdidas reciente al pago de los impuestos, una situación que aplicaría fondos públicos a beneficiar de forma injustificada a los accionistas privados y representaría una ventaja respecto a otras empresas”, concluyeron sobre el tema desde el Instituto.
Fuente: Rio negro