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Ahora se investiga si petrolera estatal fue utilizada como instrumento para comprar “a precio vil” los activos de Oil Combustibles y ceder contratos en beneficio de privados. Rufino, el negociador. Servini indaga en teléfonos del directorio.

Los abogados que representan al empresario Fabián De Sousa denunciaron que el gobierno de Mauricio Macri utilizó a la firma YPF, de propiedad mayoritaria del Estado Nacional, como “un eslabón más en la maniobra delictiva” tendiente al desapoderamiento y hostigamiento hacia Oil Combustibles y las empresas del Grupo Indalo. La justicia ordenó una nueva batería de medidas que apuntan a la petrolera YPF y a llamadas telefónicas de los imputados que podrían dejar al descubierto negociaciones por los activos estratégicos de la petrolera que terminó quebrada.

La jueza María Servini, a cargo de la causa en la que se investiga una asociación ilícita acusada de extorsionar a los accionistas de Indalo –donde ya se dictó el primer procesamiento- pidió la identificación de abonados telefónicos que comunicaban asiduamente con los imputados del riñón del macrismo y puso la lupa sobre YPF, cuyo director durante el gobierno de Cambiemos fue el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, mientras su presidente era Miguel Gutiérrez. También se apuntó especialmente a un exasesor de la firma, un hombre que sería clave en la maniobra, Marcelo Rufino, que como ya señaló Ámbito, desembarcó en la petrolera sin una función específica.

Rufino, de estrechos lazos con “Pepín”, que continúa prófugo en Uruguay habría tomado parte de forma directa en el proceso de compra de los activos de los que fue desapoderada Oil Combustibles y su posterior traspaso a las firmas Delta y DAPSA. No solo se investigaría el precio pagado, sino que sirvió como “vehículo” para ceder también contratos de abastecimiento que resultaron onerosos para la propia YPF, pero beneficiosos para Delta y DAPSA. En aquel momento, YPF en sociedad con DAPSA adquirió importantes activos correspondientes a Oil Combustibles entre los que se encontraban la red de estaciones de servicio que operaban bajo la bandera de la petrolera del Grupo Indalo. Luego, y a solo dos meses, de concretada la operación, la red de estaciones fue traspasada a la empresa Delta Patagonia, mientras que el resto continuó bajo el control exclusivo de DAPSA. En el camino, YPF se “obligó” a sí misma a proveer combustibles a la red a un valor que proyectado en los años tenía una tasa de retorno increíblemente beneficiosa para los privados.

Según surge de la presentación de los querellantes, representados por los abogados Carlos Beraldi y Ari LLernovoy, el asesor Rufino habría desarrollado su carrera en el Poder Judicial de manera paralela con Javier Cosentino, el juez comercial que tuvo el expediente de la quiebra de Oil, cuyo levantamiento fue dispuesto días atrás por una jueza luego de que el 100% de los acreedores aceptaron las propuestas de pago de la deuda.

Para los abogados resulta de vital importancia indagar sobre las verdaderas funciones que el abogado Rufino cumplió en la petrolera estatal y cuál fue su participación en la compra de los activos de Oil, que previo paso por YPF, terminaron en poder de Delta y DAPSA. Podrían ser dos maniobras delictivas en una.

La jueza requirió al Presidente de YPF S.A. que, “a la mayor brevedad posible, acompañe todas las constancias que den cuenta de la contratación de Marcelo Rufino por parte de la empresa, tales como facturas de cobro de honorarios, y toda otra documentación que permita ilustrar respecto de los servicios prestados por el nombrado, tareas encomendadas y órdenes que le fueran impartidas”.

También pidió que remita toda documentación existente sobre la adquisición de la red de estaciones de servicio de Oil Combustibles S.A. por parte de YPF S.A. en sociedad con “DAPSA” y su posterior traspaso a las firmas “DAPSA” y “Delta Patagonia”. La magistrada pidió el expediente de la quiebra de Oil a efectos de analizar cómo tramitó la liquidación de bienes de la firma. Este podría ser un punto clave dado que por primera vez la justicia pone la lupa sobre un proceso denunciado como irregular, mientras se liquidaban los activos y sus accionistas estaban en prisión preventiva.

Otra de las medidas ordenadas apunta a la realización de un amplio informe socio ambiental sobre Sebastián Omar Antonio Paladino, el exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, que está procesado por haber diseñado un sistema informático ad-hoc para espiar los movimientos tributarios de todo el Grupo.

Entre las medidas clave figura el requerimiento al Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) para que “a la mayor brevedad posible”, realice un informe complementario sobre el cruce de llamados entre imputados del caso, relacionado con los 42 hitos en el proceso de hostigamiento al Grupo Indalo, en torno a fechas clave. “En aquellos hitos que refieran a reuniones se deberá identificar en un mapa la cobertura de las celdas que fueran registradas en las comunicaciones relevadas”, pidió la jueza.

Por otra parte, solicitó que se arbitren los medios para identificar la titularidad de tres abonados (5412300002; 5422200001; 5412200001) como así también sus interlocutores comunes y frecuentes.

“De la prueba recabada en este expediente surge que esos abonados intercambiaron comunicaciones asiduas en las fechas estipuladas por este Juzgado con actores relevantes a los fines de este proceso”, remarcó la jueza.

Según consignó, a esos números se comunicaban asiduamente el ex jefe de asesores de Macri, José Torello; su amigo Nicolás Caputo; Mario Quintana, uno de los hombres fuertes del expresidente y exvicejefe de gabinete de su gobierno; “Pepín” Simon, y también Orlando Terranova e Ignacio Rosner, quienes aparecían como potenciales compradores del grupo Indalo, y que están imputados en el caso.

Los usuarios de esos abonados señalados por la jueza mantuvieron comunicaciones con los imputados en fechas cercanas a las negociaciones que los querellantes tenían con los empresarios cercanos a Macri que pretendían comprar activos, entre agosto y septiembre de 2017.

“Entonces, a partir de la identificación de sus interlocutores comunes y frecuentes se podrá individualizar a las personas que usaban esas líneas telefónicas, lo que sería de gran interés para el avance de la causa, tratándose por tanto de una diligencia útil para el esclarecimiento de la verdad”, argumentó Servini.

Los abogados querellantes apuntan a los soportes informáticos que den cuenta de comunicaciones establecidas entre Rufino y Rodríguez Simón a través de los sistemas de mensajería que obren en YPF, como así también todos los correos electrónicos que se hubieran cursado con motivo de la operación de compra venta de las estaciones de servicio que pertenecieron a Oil Combustibles.

 

Fuente: Ambito