Mientras se promueve una nueva figura penal para los delitos rurales, la gran mayoría de las denuncias por incendios y por rotura de silos bolsa durante el año pasado no fueron esclarecidas.
El 26 de mayo se cumplirá un año del incendio que afectó al establecimiento familiar ubicado en Oliva y perteneciente a Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El peritaje realizado por la Policía de Córdoba confirmó, días después, que el fuego que consumió 30 hectáreas de maíz listas para cosechar y otras 10 hectáreas con trigo recién sembrado había sido intencional.
A casi un año del hecho, la Justicia no ha logrado avanzar en la causa y menos aún identificar a los posibles autores de esa conducta que, durante varios meses del año pasado, se convirtió en habitual en campos de la región pampeana.
La misma demora judicial tienen las causas iniciadas a partir de la rotura de silos bolsa. Más de 130 denuncias se llevaron a cabo en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, por conductas vandálicas hacia los acopios de granos en los campos. Y son muy pocas las que han tenido respuesta en la Justicia.
La denuncia por amenazas contra su persona y su familia presentada esta semana por el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, abre otra instancia en la cual la Justicia debe actuar para esclarecer sucesos que involucran al sector. En el caso del funcionario, deberá dilucidar cuanto antes si el delito del cual fue víctima tenía que ver con su función, además de identificar a los autores, cualquiera haya sido el objeto de la amenaza. De lo contrario, y hasta que esto ocurra, las sospechas se hacen generalizadas.
La pasividad con que se mueve la Justicia ante las inconductas cometidas en los establecimientos agropecuarios preocupa a las entidades rurales. Durante el año pasado, abogados vinculados con CRA mantuvieron reuniones con el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para la elaboración de un proyecto de ley que incluyera la figura penal del vandalismo rural.
La iniciativa, luego de un año, será presentada en el Congreso para su análisis. Prevé sancionar con un delito no excarcelable y penas de entre tres y 10 años de prisión al autor de incendios y de daños a los silos bolsa. Más allá de la incorporación de la tipificación en el Código Penal, el gran desafío seguirá siendo la identificación de sus autores por parte de la Justicia.
En Córdoba, la Mesa de Seguridad Rural –que reúne a representantes de las entidades rurales, la Policía y los ministerios de Seguridad y Agricultura– repasó días atrás la estrategia de vigilancia y prevención en la provincia. Con la promesa de sumar más recursos (móviles y personal), la Patrulla Rural buscará reforzar su accionar en el norte de la provincia, donde el abigeato suele ser el delito más característico; y también en el sur, donde la rotura de silos bolsa y los incendios fueron los hechos más denunciados el año pasado.
Los productores aseguran que, si bien la cosecha podría ser menor que la del año pasado, la decisión de almacenar granos en los establecimientos podría ser similar; siempre a partir de una estrategia de comercialización más conservadora, debido a la situación económica. Debido a ello, los campos van a necesitar de mayor vigilancia.
Fuente: Agrovoz