El magistrado Sebastián Ramos dictó una medida cautelar contra la petrolera obligándola a suspender la ejecución de un contrato con la Compañía Naviera Horamar.
En su fallo, el juez Ramos asimila las responsabilidades de los directivos de YPF a las de un funcionario público. Según el juez, aunque se trata de una sociedad anónima (pero de dueños estatales), la asimila a una empresa estatal. En consecuencia, sus directivos podrían tener las responsabilidades legales de cualquier funcionario público.
Ramos está investigando si los ejecutivos de YPF y funcionarios de la administración de Cambiemos cometieron el delito de “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y de “defraudación contra la Administración Pública”. Pese a tener escasa repercusión en medios nacionales, el conflicto judicial por la contratación de Horamar captó la atención de la política. Por ejemplo, el ex ministro de Justicia Germán Garavano realizó una gestión personal con el juez Ramos para que el magistrado recibiera a los representantes legales de YPF. A la luz de los hechos, esa diligencia no tuvo los resultados buscados.
Hasta tanto no se expida sobre esa cuestión de fondo, el titular del juzgado federal Criminal y Correccional Nº2 impidió que YPF y Horamar sigan adelante con la ejecución del contrato. Por tal motivo, Horamar —uno de los principales jugadores del sector marítimo, que es controlada por el grupo multinacional Navios Maritime— deberá frenar la construcción de seis barcazas y tres remolcadores que está fabricando en astilleros radicados en Paraguay.
Las responsabilidades de los funcionarios públicos
Para YPF, la decisión de Ramos es un golpe de efecto. No sólo porque interrumpe la implementación de un contrato estratégico que fue presentado por la gestión pasada como uno de los puntales para reducir los costos logísticos de combustibles. También porque con una extensa resolución de 52 hojas, el juez federal establece una serie de criterios interpretativos que podrían tener implicancias negativas para YPF en ámbitos de la gestión. Por caso, Ramos deja entrever que pese a ser una empresa privada, a la petrolera le caben también responsabilidades legales similares a las de una compañía estatal. Y en esa misma línea, el magistrado parece homologar en ciertas ocasiones la responsabilidad penal de los directivos de YPF con las de un funcionario público.
“YPF se encuentra analizando los fundamentos y el alcance de la medida cautelar dictada el pasado 18/9 por el juzgado Criminal y Correccional federal N° 2, pero sin dudas, presentaremos un recurso recurriendo la medida cautelar”, indicaron fuentes de YPF ante la consulta de EconoJournal. “YPF no comparte los fundamentos expuestos por el juzgado para el dictado de la medida, razón por la cual procederá a recurrirla. La empresa ratifica que el llamado a la licitación nacional e internación para la prestación del servicio de transporte fluvial a partir del año 2021 se realizó sobre bases transparentes y competitivas, favoreciendo la participación de varios oferentes, de conformidad a las normas internas de la empresa”, afirmaron.
Licitación disputada
La adjudicación se hará efectiva recién a partir del 1º de enero de 2021, por lo que hoy Horamar se encuentra en pleno proceso de construcción de las embarcaciones necesarias para prestar el servicio. Uno de los problemas es que la fabricación se lleva adelante en Paraguay en Astilleros del Chaco.
“No tiene sentido que en una crisis como está la construcción de esos barcos se realice en Paraguay cuando tranquilamente se podrían construir en el país. Es increíble que YPF, que es una empresa que históricamente fue uno de los impulsores de la industria naval nacional, hoy termine favoreciendo el desarrollo del sector en un país vecino”, cuestionó Jorge Fedenczuk, titular de Supeh Flota Petrolera e Hidrocarburífera, en diálogo con EconoJournal.
Además de la denuncia sobre la validez legal del concurso realizado por YPF, que se firmó el 5 de septiembre de 2019, un par de semanas después de la abultada derrota de Cambiemos en las PASO, toda una rareza en función de las normas de compliance de la empresa, que recomiendan no adjudicar contratos mayores a los US$ 50 millones en épocas de campaña electoral, la contratación de Horamar le generó a YPF un conflicto sindical. National Shipping, la empresa que hoy brinda el servicio, tiene un convenio con el Supeh, el sindicato histórico de YPF. Horamar, en cambio, empleado operarios encuadrados en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), otro gremio del sector. La adjudicación a Horamar implica que cerca de 200 trabajadores del Supeh perderá su puesto de trabajo.
“No vamos a permitir que se despida a más de 200 compañeros. Ni siquiera Repsol avanzó en una dirección así. Con este medida se está avanzando con la extranjerización de la Hidrovía porque Horamar es controlada por Navios, una empresa multinacional Navios que defiende intereses contrarios a la defensa de la industria naval argentina”, criticó Daniel Ocampo, secreterio del Supeh.
El gremialista agregó que “curiosamente el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables del macrismo (Jorge Metz), trabajó durante años en Compañía Naviera Horamar”.
Una relación trunca
No es una novedad que el contrato con Horamar está judicializado en distintos fueros. Este medio dio cuenta de ese proceso en el último año. En diciembre del año pasado, el juez comercial Marcelo Dos Santos había dictado una medida pre-cautelar para impedir que la ejecución del contrato en el marco de una demanda presentada por la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA).
Como las partes no acataban su decisión, volvió a reafirmar su orden el 11 de marzo de 2020. Ramos recuperó ahora esas decisiones para ir un paso más allá al ordenar la “suspensión de los efectos del contrato suscripto entre YPF S.A. y la firma Compañía Naviera Horamar para la prestación del Servicio de remolcador de apoyo y del Servicios de transporte fluvial de hidrocarburos para la zona del Km 1196, Río Paraná y Riacho Barranqueras, incluyendo toda actividad secundaria que se encuentra siendo realizada para la prestación de dicho servicio, entre ellas las obras de construcción y adecuación que se estén realizando en el exterior o en nuestro territorio, y/o la importación de barcos, barcazas y remolcadores, como así también cualquier trámite administrativo dirigido a obtener autorizaciones, registros y/o permisos vinculados con las barcazas vinculadas a la prestación de dichos servicios”.
Silvia Martínez, titular de la CINA, avanzó se montó sobre esa misma línea discursiva. “Es ilógico que YPF pague una cifra millonaria en dólares a una empresa que construye sus barcos en Paraguay. En un momento donde el trabajo argentino se precisa más que nunca, se van a girar dólares que el país no tiene para solventar el desarrollo de una industria extranjera”. “No tiene sentido”, concluyó.
Fuente: Ambito