El plan parecía perfecto. Un campo alquilado, un piletón en la tierra, una conexión ilegal subterránea que se comunicaba con el oleoducto, el robo de crudo y el ir y venir de camiones cisterna que se llevaban el petróleo que, después de ser refinado en destilerías ilegales, era vendido en estaciones de “servicio sin bandera” y a productores ilegales.
Así, según explicaron a LA NACION fuentes con acceso a la investigación, operaba “la banda del crudo”. El piletón y la conexión ilegal fueron descubiertos el 25 de enero de 2019 por personal de la policía bonaerense en un campo en Punta Alta, a tan solo 700 metros de uno de los tramos del oleoducto de YPF que transporta crudo desde Bahía Blanca hasta la refinería más grande de la empresa estatal, en Ensenada.
En diciembre de 2019, según las fuentes consultadas, hubo otro hallazgo similar en la localidad de Médanos. “En este caso, el ataque era al ducto que transporta crudo desde Neuquén hasta Puerto Rosales, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y que opera la empresa Oleoductos del Valle SA (Oldelval). La pileta era tres veces más grande que la que fue detectada en el campo de Punta Alta y se comunicaba con el oleoducto de YPF”, agregaron las fuentes consultadas.
Si bien aún no se pudo certificar judicialmente, se sospecha que las perforaciones en los ductos de YPF y de Oldelval fueron hechos por la misma banda que fue desbaratada luego de nueve meses de investigación.
En el denominado Operativo Punzar, culminación de una investigación a cargo de la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, fueron apresados 21 sospechosos. Entre los detenidos por detectives del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) está uno de los presuntos líderes de la organización criminal, José Luis OIivetto.
El presunto cabecilla de la banda, según fuentes con acceso al expediente, había sido condenado en 2017 a diez años de cárcel por el robo de crudo en Río Negro. Las sucesivas apelaciones de la sentencia llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La sospecha de los investigadores es que, después de las condenas para Olivetto y otros sospechosos, la banda mudó su base de operaciones al sur de la provincia de Buenos Aires para continuar con el mismo modus operandi.
“Así se instalaron en el campo alquilado en Punta Alta y en Médanos. Primero buscaron una tierra cercana al oleoducto donde construir el pozo para el almacenamiento del crudo, para después hacer una conexión tubular que comunicara el ducto con el piletón”, explicó a LA NACION una fuente al tanto de la investigación. El campo que encontraron en Punta Alta les posibilitó que entre el oleoducto de YPF y el piletón hubiese una distancia de tan solo 700 metros.
Descubrimiento y vigilancia
El 25 de enero de 2019, según información oficial, un detective de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca persiguió al conductor de un camión que le había parecido que circulaba en una actitud sospechosa. El uniformado se quedó sin combustible y al observar movimiento en un campo fue a pedir ayuda. En ese momento descubrió el piletón y, poco después, la conexión ilegal.
A partir de ese momento, YPF aumentó los controles aéreos con drones, lo que les permitía advertir si cerca del oleoducto había piletones para el depósito de crudo; también implementó vigilancias terrestres con personal de seguridad privada que tenían como misión detectar punciones.
En diciembre pasado, con el cambio de gobierno y al asumir las nuevas autoridades en la empresa estatal, los controles y monitoreos se intensificaron. Según explicaron fuentes oficiales, se hizo un mapeo de los 800 kilómetros del trayecto del oleoducto y se marcaron entre 60 y 70 potenciales lugares que podrían ser utilizados para hacer punciones y robar petróleo.
“YPF intensificó sus procedimientos de vigilancia y control sobre la traza de ductos con vigilancia aérea con drones, para descubrir construcciones similares ya realizadas o en proceso de realización. Esto le generó un obstáculo relevante a la banda, ya que la inversión requerida para ese sistema de robo era alta y ya no se justificaba, dado el mayor riesgo de detección que generaba la nueva vigilancia de YPF.”, explicaron fuentes de la empresa estatal de combustible.
El mismo informante continuó con la explicación de la hipótesis de la compañía: “Se vieron en la obligación de cambiar de modalidad. El nuevo modus operandi consistía en realizar un pozo hasta llegar al ducto, pincharlo, y conectar la válvula a una manguera que descargaba directamente en un camión cisterna estacionado al lado del ducto. Esta modalidad requiere mucha menos inversión de base, es totalmente flexible y ágil, pero, sin embargo, les impide tener un flujo regular y eficiente, ya que luego de cada extracción se debe dejar enfriar el lugar una semana y puede haber errores”.
Y, el error llegó. El 2 de febrero pasado, cuando parte de la banda hacia una punción a la altura de Coronel Dorrego, hubo una explosión seguida de un incendio. El operario a cargo del trabajo quedó gravemente herido, con el 70% del cuerpo quemado. Murió 48 horas después.
“La explosión, además de una víctima, dejó dos puntas para avanzar sobre la banda: las conexiones del operario muerto y la chapa patente del camión encontrado en la escena de los hechos. Fue el puntapié inicial para llegar hasta la banda”, recordó una fuente al tanto de la investigación.
La Justicia ordenó una serie de intervenciones telefónicas y en una de las comunicaciones detectadas, uno de los sospechosos se refería a la “obligación” de ayudar económicamente a la familia de la víctima de la explosión. De a poco, fueron, los detectives policiales y judiciales armaron el rompecabezas de la banda.
Además, en las vigilancias terrestres, YPF descubrió tres pozos en distintos puntos cercanos al oleoducto. “Fue en Chillar, una localidad cercana a Olavarría. El pozo se encontraba en uno de los puntos calientes identificados, por eso fue descubierto, a pesar de que estaba prolijamente camuflado. Sobre la zona se encontró ropa de trabajo de una empresa contratista de la industria petrolera de la zona de Neuquén”, explicaron fuentes con acceso a la investigación.
La ropa de trabajo hallada en el pozo tenía dos letras. Al cabo de una investigación sumaria se determinó que eran las dos últimas letras del apellido de un operario. Era otra pieza clave en el rompecabezas.
En los próximos días, el juez federal Juan Pablo Auge deberá definir la situación de los detenidos y de los imputados. La causa está radicada en Lomas de Zamora porque comenzó con la investigación de la presunta contaminación mediante el desecho de residuos combustibles a la altura del asentamiento “El Pueblito”, situado en Puente Alsina, partido de Lanús. Así se descubrió el funcionamiento de una destilería clandestina que habría arrojado sustancias tóxicas al Riachuelo.
La denuncia contra esta instalación ilegal habría marcado el inicio de la investigación que derivó en los 39 allanamientos y las detenciones de 21 supuestos integrantes de la banda que obtuvo más de cinco millones de dólares por año con el robo de petróleo, la destilación del crudo y posterior venta como combustible adulterado.
Fuente: La nacion