Con los precios de los combustibles atrasados en alrededor de un 15%, según consultoras privadas, las refinerías advierten que se encuentran en una “situación crítica de abastecimiento de crudo”. Según señalan, los precios actuales de surtidor no alcanzan para cubrir los costos de adquirir el barril criollo, de US$45.
Por el lado de las productoras, encabezadas por Vista Oil, dicen que no hay faltante de stock de petróleo en las terminales, pero admiten que “debe haber un reacomodamiento” en los precios de surtidor.
Hasta ahora, la única refinería que hizo pública la necesidad de ajustar los precios fue YPF, que tiene aproximadamente el 55% del mercado del despacho de combustibles. El CEO Sergio Affronti lo admitió en una conferencia ante inversores, pero dijo que están analizando el impacto que tiene aplicar un aumento en el resto de la economía. Unos días antes, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, dijo que los precios tienen “un atraso significativo” y advirtió: “Peor que la nafta cara es que no haya nafta”.
YPF y Axion -la refinería de Pan American Energy (PAE)- cuentan con su propia producción de petróleo, lo que ayuda a paliar un poco la situación. Pero en el caso de las refinerías no integradas como Raízen (Shell) y Trafigura (Puma Energy) la situación es más crítica porque deben comprarle el barril de petróleo a terceros.
Según dicen las refinadoras, las empresas petroleras están priorizando el mercado de exportación, luego de que el precio internacional del Brent -la cotización que se toma de referencia en el mercado local- se recuperara en torno de US$45 y tras la reducción de retenciones, que se aplicó con el decreto del barril criollo. De hecho, el precio de paridad de exportación está en torno a los US$40 y US$41, menor a los US$45 que debe pagar el mercado local.
Este incentivo a la exportación, que comenzó cuando el consumo local de combustibles estaba en niveles en torno al 60% a los pre-pandemia, continúa al mismo ritmo a pesar de que se está recuperando la demanda local y de que casi no hay más stock almacenado de naftas en las refinerías, como hubo cuando se frenó la actividad.
“Los productores exportan mucho crudo que en realidad se necesita en el mercado interno. Eso va en contra de la ley de hidrocarburos, que establece como prioridad abastecer el mercado interno y genera un serio riesgo de frenar a corto plazo la producción en refinerías, por falta de petróleo para procesar”, explicaron en una de las empresas del sector.
Las productoras, por su parte, comentan que todas las exportaciones que se hicieron fueron con los permisos concedidos por la Secretaría de Energía. “No hay ningún motivo para que se frenen las exportaciones de crudo liviano que están siendo fundamentales para dinamizar el sector y sostener niveles de actividad en un momento complejo por la pandemia global”, indicó una de ellas.
Si embargo, esto generó una paradoja: que las refinerías soliciten permiso para importar petróleo para evitar el desabastecimiento. Trafigura ya pidió a la Secretaría de Energía autorización para importar nafta y gasoil, aunque todavía no fue aceptado. La situación, dicen, es complicada para septiembre, sobre todo para el abastecimiento de asfaltos y barcos.
En números concretos, las refinadoras dicen que, mientras están obligadas a comprar el petróleo a US$45 por barril, la venta de combustibles representa un costo equivalente de US$35. “Esto nos coloca en situación de pérdida estructural, a no ser que los precios de surtidor aumenten 20%”, indican. Para poder pagar paridad de exportación de petróleo, en cambio, señalan que habría que aumentar el precio de combustibles al menos un 10%.
Los valores de las naftas y el gasoil no aumentan desde inicios de diciembre pasado, cuando el tipo de cambio mayorista valía $60 y el Brent estaba en US$63, pero ya en ese entonces las refinerías decían que los precios estaban atrasados. De hecho, Nielsen intentó aplicar un alza a fin de año que el Gobierno finalmente no autorizó.
Luego de casi nueve meses, la devaluación acumulada es de 18,2%, mientras que la inflación es de 17,6%. En abril, además, el Gobierno aumentó 30% el impuesto a los combustibles, que no se trasladó al surtidor, lo que hubiera significado un incremento del 5% en el precio de la nafta y el gasoil.
El mercado de combustibles no está regulado por el Estado -como sí sucede con las tarifas de gas y electricidad-, pero los gobiernos inciden sobre el precio a través de YPF. Según indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una entrevista con LANACION, “al ser YPF mixta hay diálogo. Se dialoga con todos los operadores. Es una decisión que va a tomar YPF”, al referirse al atraso en los precios.
Fuente: La nacion