A partir de 2023 vencen los contratos de concesión de las represas de la región. El eje de la discusión es quién será el poder concedente.
El plazo de 30 años de las concesiones hidroeléctricas parecía muy lejano cuando en 1993 comenzaron las privatizaciones, pero la fecha se acerca y ya son varias las voces que se alzan con propuestas sobre el destino del “Gran Generador del Comahue”.
Mientras desde el gobierno nacional se analiza una extensión de los contratos, desde la región surgieron diversas propuestas que apunta tanto a reactivar el viejo plan de la Tarifa Comahue, como así también quienes advierten que a las concesiones deben pasar a manos de las provincias de Río Negro y Neuquén como titulares de los recursos hídricos.
Entre los ríos Neuquén y Limay son seis las centrales hidroeléctricas que cuentan con nada menos que 4.431 MW de potencia instalada. Estas son El Chocón, con 1200 MW de potencia instalada, Arroyito con 120 MW, Alicurá con 1000 MW, Piedra del Águila con 1400 MW, Pichi Picún Luefú con 261 MW y el complejo Cerros Colorados en donde Planicie Banderita tiene una potencia de 450 MW.
De todas estas represas solo la más nueva, Pichi Picún Leufú, previó en su contrato de concesión el destino que tendrá una vez finalizado ese plazo de 30 años. En la letra chica del contrato se fijó que transcurrida esta primera concesión la hidroeléctrica pasará a manos de las provincias de Río Negro y Neuquén como poder concedente.
Este es el punto que el legislador por Río Negro y exsecretario de Energía de esa provincia, Sebastián Caldiero, impulsa: que todas las centrales pasen a la órbita de las provincias.
En la vereda opuesta otros proyectos como el impulsado por el diputado neuquino César Gass y el titular del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Jorge Lapeña, impulsan que las hidroeléctricas vuelvan a manos de Nación para que se defina a través de su energía económica un plan de desarrollo.
El exlegislador neuquino Alejandro Vidal planteó en tanto que podría aprovecharse la finalización de las concesiones para generar un cupo de energía que cubra el consumo de Neuquén. “Neuquén consume cerca de 500 MW de los más de 5000 MW que se producen. Si en el proceso de reversión conseguimos esos 500 MW que consumimos, quizás podamos comenzar a diseñar un plan de desarrollo económico que diversifique nuestra matriz productiva. Tal vez podamos establecer tarifas más accesibles para quienes lo necesiten”, planteó.
Caldiero advirtió que impulsará un proyecto en conjunto con legisladores neuquinos dado que advirtió que “no hay dudas sobre quién debe tener el poder concedente, son las provincias”.
En ese sentido aseguró que “cuando se dieron concesiones en 1993 tuvimos y perdimos esta negociación, con la reforma de la Constitución Nacional ahora no quedan dudas, y no podemos en el 2020 estar dudando. Son de las provincias, es generación de energía con un recurso provincial”.
El fondo del debate
Detrás del debate sobre el poder concedente de las centrales hay intereses económicos. Quien ostente esa facultad será quien podrá no solo negociar las nuevas concesiones o extensiones de contratos, sino además quien gozará de los bonos de esas negociaciones.
A partir de 2006, con la sanción de la denominada Ley Corta de los hidrocarburos, las provincias abrieron una extensa renegociación de contratos de concesión de áreas que generaron un fuerte flujo a las arcas provinciales. Ingresos extraordinarios que ahora podrían repetirse con las centrales hidroeléctricas.
Pero detrás del agua hay también otros intereses que tienen que ver con las comunidades ubicadas río abajo. Caldiero recordó que “hay otros servicios además de la generación eléctrica que son prioritarios en las represas y que tienen que ver con la provisión de agua para las ciudades y los sistemas de riego” y enfatizó que “hay cosas que desde Nación no se ven, como el perjuicio que genera en los sistemas de agua potable cuando se hace una gran erogación para generar energía”.
El reciente recuerdo de las fallas que el año pasado tuvo la central de Planicie Banderita, que amenazó con dejar sin riego a más de 60.000 hectáreas productivas y a una decena de ciudades sin agua potable, encienden las señales de alerta en la región.
Una de las propuestas que Caldiero ya anticipó que impulsará es que se analice si la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) podría hacerse cargo del manejo de las hidroeléctricas. Un planteo en el que el legislador señaló que “es un organismo idóneo, interjurisdiccional y que ha sufrido el recorte de su presupuesto por el achique que desde Nación se hizo en las regalías hidroeléctricas”.
Fuente: Rio negro