Fue por los contratos dolarizados de gas que su sucesor, Javier Iguacel, ajustó por devaluación y trasladó el costo al Estado y los usuarios.
Federico Bernal, interventor del Enargas, denunció penalmente al exministro de Energía Juan José Aranguren por los contratos dolarizados para el gas domiciliario. Puntualmente apunta al perjuicio causado al Estado y usuarios cuando los montos se ajustaron por la devaluación y se trasladó el costo.
Según la presentación, que que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, se provocaron daños económicos por 561 millones de dólares, de los cuales “393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes”.
La denuncia alcanza, además de a Aranguren, a Marcos Porteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía; Mauricio Roitman, expresidente en ejercicio del Directorio del ENARGAS, y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador.
Apunta a las denominadas “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes” concertadas y determinadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. A través de un comunicado indican que se investiga la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (artículos 248 y 265 del Código Penal).
La acusación indica que tras la finalización de la Ley de Emergencia Económica el mercado del gas debía volver a pactarse libremente entre productoras y distribuidoras, sin embargo el Enargas habría avalado el acuerdo señalado más arriba y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018.
Agregan que “en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios en cuotas en sus facturas”. Recuerdan además que la medida fue repudiada y judicializada y finalmente fue absorvido por el Estado vía el decreto 1053/2018.
“Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas”, señaló en un comunicado Bernal.
Fuente: Rio negro