La novedad más importante en las negociaciones es que se ha agregado una especie de Value Recovery Instrument (VRI) que tomará como referencia el promedio de las ventas externas de este sector de cinco años.
La novedad más importante es que la mejora a través de una especie de Value Recovery Instrument (VRI) asociado a las exportaciones agropecuarias, tomará como referencia el promedio de las ventas externas de este sector de cinco años. Este instrumento significa una mejora del orden de tres dólares en la oferta argentina, según trascendidos de medios oficiales.
También se minimizaría la quita del capital y se adelantaría el pago de intereses. De esta forma, opinan técnicos cercanos a la negociación, el valor presente neto de la oferta argentina “enmendada” rondaría a los 50 dólares (por cada lámina de 100 y tomando una tasa de descuento de 10%). Se trata de una cifra cercana a las propuestas de los acreedores más flexibles, que plantearon paridades del orden de los 53 dólares.
En este sentido, los fondos de bonos más cercanos al gobierno fueron acercando en los últimos días propuestas que van camino de incorporarse en la oferta argentina y que determinarían la aceptación por parte de estos fondos.
En cambio, otros seguirían manteniendo posiciones divergentes y afirman que por ahora no logran que sus demandas sean contempladas.
En medios del mercado se especula con que el denominado Comité de Acreedores de Argentina (ACC) estaría más cerca de acordar, este grupo está integrado por Gramercy, Fintech y Greylock, entre otros.
En cambio el grupo Ad Hoc Bondholder Group mantendría una posición más dura. A este club pertenece Black Rock, entre otros
La reestructuración es compleja porque incluye tanto bonos emitidos durante el gobierno de Néstor Kirchner– llamados bonos K- como también los denominados bonos M, es decir los correspondientes a la presidencia de Mauricio Macri, que cuentan con cláusulas legales distintas para llegar a que el canje sea posible.
Para los títulos emitidos durante la gestión Kirchner se necesita lograr por lo menos un consenso del 75% de los acreedores, en tanto que los colocados durante la era Macri demandan menos, 65% de adhesión.
De no alcanzarse estos consensos mínimos que permitirían disparar las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC´s) para formalizar el nuevo acuerdo, sobre fin de mes los acreedores privados podrían reclamar a la Argentina por el incumplimiento en los pagos y demandar al país en los tribunales de Nueva York.
De continuar el actual curso de las negociaciones, lo más probable es que Economía logre un segundo canje mucho más exitoso que el primero, pero que muchos bonos queden sin activar las CACs, señala un informe de Cohen- Delphos. Esto obligaría a una tercera ronda de negociación.
La versión del Palacio de Hacienda es distinta. Argumentan que “la negociación está encaminada” y mantienen la expectativa que el presidente Alberto Fernández podría hacer anuncios a corto plazo.
Desde esta perspectiva, en el Ministerio de Economía se está avanzando en la redacción de un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) con la oferta original enmendada en el que se ampliaría el plazo de negociación por diez días, a partir del vencimiento establecido para el próximo viernes.
Fuente: Ambito