Casi no hay actividad que escape totalmente del freno de emergencia forzado por la pandemia de coronavirus, pero en la Argentina varios sectores ya venían golpeados antes de la cuarentena y el nuevo escenario global agravó la situación.
Uno de los más complicados es el energético, que atraviesa una tormenta perfecta tras el derrumbe de los precios del petróleo debido a la abrupta caída de la demanda mundial, del orden de 30% en sólo dos meses, con industrias y comercios paralizados, autos estacionados y aviones sin levantar vuelo. Es ese lapso, el barril de crudo WTI se desplomó de 53 dólares a 18 ayer (-66%) y el Brent (referencia para la Argentina), de 59 a 24 dólares (-59%).
Estos dramáticos porcentajes reflejan una sobreoferta que desborda la capacidad de almacenamiento -especialmente en los Estados Unidos-, con enormes excedentes imposibles de colocar sin reducir los volúmenes de producción y refinación, lo cual a su vez genera conflictos políticos y de intereses cruzados. En escala reducida, un cuadro similar se replica a nivel local, aunque con algunas particularidades autóctonas como una sucesión de parches con vigencia indefinida o incierta. Entre ellos, el valor sostén (“barril criollo”) de US$52 hasta febrero último y aún en discusión; precios congelados de naftas y gasoil desde fines de 2019 y suspensión de importaciones de combustibles para defender la producción doméstica, afectada desde la cuarentena por la baja de 70/80% en las ventas de naftas, que ya obligó a paralizar dos destilerías (Plaza Huincul y Dock Sud) y desacelerar el ritmo en otras de mayor capacidad. Otro tanto ocurre en Vaca Muerta, donde se vienen frenando las inversiones en perforación y terminación de nuevos pozos horizontales.
Una muestra de las distorsiones del mercado internacional fue el lunes último la resonante caída a valores negativos del WTI (a -35 dólares) para entrega en mayo, que implican pagar para vender excedentes. Sin embargo, se trata de una particularidad de EE.UU. donde el precio es determinado por contratos a futuro que vencen el día 21 de cada mes, en un mercado del que participan traders petroleros, financieros e inversores individuales y ahora incentiva la especulación. De hecho, la tendencia se revirtió al día siguiente, cuando Donald Trump anunció la compra de un volumen ínfimo (75 millones de barriles) en junio para destinar a reservas estratégicas, aunque sin que las cotizaciones recuperaran el nivel previo.
Por lo pronto, este episodio genera dos incógnitas a corto plazo. Una, la efectividad del reciente acuerdo de la OPEP+ para reducir la producción de crudo en 9,7 millones de barriles diarios entre mayo y junio -más otros 5 millones de países no miembros, entre ellos EE.UU.- y sostener los precios, tras el desplome empujado en marzo por el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia. Otra, en qué lapso podría ser absorbida la sobreoferta embarcada en miles de buques-tanque que están siendo utilizados como virtuales plantas de almacenaje flotante alrededor del mundo (cuyo alquiler va de US$30.000 a 125.000 diarios), sin perjuicio de que algún eventual accidente provoque un desastre ecológico. Una foto satelital que circuló en estos días por las redes sociales revela la magnitud de este fenómeno, que encareció significativamente el costo de los fletes marítimos.
Si bien el WTI no es referencia para la Argentina, la simultánea caída del Brent acentuó la incertidumbre en el sector, mientras el gobierno de Alberto Fernández mantiene pendientes varias decisiones políticas en medio de presiones cruzadas de provincias productoras, petroleras integradas (con destilerías), no integradas, refinerías y sindicatos, especialmente alrededor del nuevo valor del “barril criollo” como informó ayer LA NACION . La danza de números gira en torno de US$45 desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre (si el Brent no supera ese nivel), según un borrador atribuido al Ministerio de Desarrollo Productivo que además fija el actual precio de las naftas y gasoil como tope hasta fin de año.
Pero los reclamos por el valor sostén iban desde extremos de US$30/35 (refinerías) hasta US$50/52 por barril (gobernadores), que en este caso habrían amenazado con no votar nuevas leyes. En definitiva, el telón de fondo de esta discusión es cómo se reparte la renta petrolera extra que genera el “barril criollo” para sostener la producción y el empleo en el sector, a costa de un subsidio que terminan pagando los consumidores de combustibles. Sobre ese valor se calculan las regalías de las provincias productoras, mientras a nivel nacional en marzo fue actualizado el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) aunque sin trasladarlo a los precios finales. La excepción fue el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, quien hace unos días reclamó bajar las naftas y el gasoil en línea con la caída del petróleo en el mercado internacional. Aun así, son pocos los países que adoptaron esa decisión ante la necesidad de preservar ingresos fiscales hasta que el panorama sanitario aclare.
No son las únicas cuestiones pendientes de definición. Las petroleras que exportan se quejan de que aún no se reglamentó la baja de retenciones del 12 al 8% establecida por la ley de emergencia de diciembre, aunque el borrador de decreto las elimina mientras el precio internacional no supere al “barril criollo”. En ese caso, se atenuaría el mayor costo de los fletes marítimos, que agrega 15 dólares a una exportación desde la cuenca neuquina. Por su parte, la industria de biocombustibles reclama por la capacidad ociosa que genera la caída de las ventas domésticas debido a la cuarentena y reclama elevar el porcentaje de mezcla de biodiésel y bioetanol.
Sin embargo, las internas políticas dentro del oficialismo también están agregando nubarrones a la tormenta que afecta al sector de hidrocarburos. El próximo jueves sesionará la asamblea de YPF, que preside Guillermo Nielsen, después de que semanas atrás se renovara parcialmente el directorio, con la incorporación del abogado laboralista Héctor Recalde (impuesto por Cristina Kirchner) y el exgobernador mendocino Celso Jaque (PJ), mientras el ministro Matías Kulfas sólo pudo incluir a un hombre de su confianza, el economista Ramiro Manzanal. Mientras tanto, desde sectores afines al kirchnerismo comenzaron a circular proyectos sobre la estatización total de la compañía.
Para completar el cuadro, el titular del Enargas, Federico Bernal (del Instituto Patria), dictó ayer una sorpresiva resolución que agrega otro factor de incertidumbre, al derogar el régimen de fijación de tarifas de gas en base a subastas públicas de precios, que probablemente pase a ser discrecional. Lo llamativo es que en las últimas licitaciones el precio ofrecido por las compañías productoras vino bajando en función del alza de la producción no convencional.
Fuente: La nacion