Paro del campo: Conflicto extemporáneo y falta de timing

El gobierno avanzó con la suba de retenciones y el campo volvió a movilizarse. Ni las entidades ni el gobierno, logran ver con claridad la complejidad del escenario.

La teoría socioeconómica define un ‘cisne negro’ como aquel suceso sorpresivo y de gran impacto, que altera por completo el escenario previsible en base a las variables que moldean un sistema. La irrupción del coronavirus y su incidencia en la economía global, de la cual aun no puede estimarse la magnitud, se inscribe en esta categoría. Ni el más certero de los analistas hubiera imaginado el escenario actual, y el derrumbe de los mercados internacionales.
Con ese marco, la gestión de la recesión que Argentina atraviesa desde hace 22 meses, toma ribetes inesperados, pero al mismo tiempo mucho más complejos. No será lo mismo negociar la re estructuración de la deuda en un mundo con aversión extrema al riesgo, donde ‘fly to quality’ es la estrategia dominante entre los inversores globales. Los niveles de inversión en Vaca Muerta se verán severamente afectados por el derrumbe de la cotización de barril de petróleo, que acumula una baja del 48% en el primer trimestre del año. Para el campo, se avecina también un tiempo de precios acotados. Difícilmente la cotización de los granos logre escapar a la tendencia a la baja que muestran todos los precios de los commodities y de los principales activos.
El conflicto abierto entre el gobierno y el campo en torno a una nueva suba de retenciones a la exportación de soja, se inscribe entonces en una lógica muy diferente, en la que cada uno de los actores presenta argumentos válidos, pero donde ninguno parece advertir lo anacrónica que resulta la discusión, cuando los mercados del mundo se abroquelan para hacer frente a una situación tan alarmante, perjudicial y caótica, como súbita e imprevisible.

Lógica distributiva
Habilitado por la Ley de Emergencia sancionada en diciembre, Alberto Fernández decidió avanzar una vez más sobre la rentabilidad agropecuaria para conseguir los dólares que ya no pueden ingresar mediante endeudamiento. Vale recordar que fue el propio FMI el que ‘recomendó’ ese giro cuando aun Mauricio Macri era Presidente.
La estructuración del aumento en las retenciones, guarda sin embargo una lógica diferente a la de ocasiones anteriores. Según dio a conocer el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el incremento en la alícuota del 30% al 33%, afectará solo a los productores que en la campaña 2019 hayan obtenido más de 1.000 toneladas de soja. El relevamiento oficial indica que solo hay 14.884 productores en esa condición, lo que representa al 26% del total. Para el 74% restante, mejorará la situación, en tanto la alícuota seguirá siendo del 30% para los productores de entre 500 y 1.000 toneladas, pero habrá una reducción de la alícuota que pasará a ser del 29% para quienes produzcan entre 401 y 500 toneladas, del 28% entre 301 y 400, del 26% entre 201 y 300, del 23% entre 101 y 200, y del 20% para quienes produzcan 100 toneladas o menos al año. Asimismo habrá una reducción del 7% en la alícuota de retenciones a la exportación de girasol, que pagará el 5%. La reducción alcanzará además a diferentes productos emblemáticos de las economías regionales como arroz (-6%), arvejas (-4%), porotos (-4%), algodón (-4%), pescado congelado (-4) y lana (-4%), entre otros.

La lógica distributiva, implica entonces que el impacto fiscal del incremento recae sobre lo más alto de la pirámide de ingresos del sector agrícola pampeano, concentrado en pocas manos, y en muchos casos en sociedad con capitales extranjeros, mientras que sirve a los fines de aliviar la situación de los pequeños y medianos productores agrícolas de las zonas más alejadas del país. En efecto, las cuatro empresas exportadoras de granos más grandes del país, tienen mayoría accionaria de capitales estadounidenses.

Piquete premium
Durante las últimas dos décadas quienes necesitan levantar la voz para reclamar, han comprendido que la forma más efectiva de hacerlo, la que produce una reacción casi inmediata de quien debe dar respuestas, y la que genera un mayor efecto mediático, es el piquete.
Habitualmente, son los movimientos sociales y los sectores que representan a los más postergados, quienes eligen esta modalidad, a sabiendas que tras episodios trágicos como los del maestro Fuentealba, manifestaciones de este tipo rara vez son desalojadas de las rutas y calles. Los sectores productivos en general, denostan en cambio los piquetes, por el alto costo que representan en términos de logística, costo de oportunidad y pérdida económica, y son los primeros en levantar la voz cuando por ejemplo los docentes, deciden no iniciar las clases en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.
El lockout convocado por las entidades agrarias pretendió instalar una protesta similar a la que tuvo lugar tras la Resolución 125 del año 2008, que establecía las célebres ‘retenciones móviles’. Paradójicamente, quienes se movilizaron esta semana (al igual que en 2008) no son los que menos tienen, sino los que gozan de la mayor participación en la distribución actual de la riqueza nacional. Se trata de un sector privilegiado, que no padece necesidad alguna, y que no protesta por que la medida le genera pérdidas, sino porque el incremento de las retenciones les hará ganar menos de lo que podrían ganar.
Los especialistas estiman que de haber tenido éxito, el costo del ‘piquete premium’ pudo representar unos $10.000 millones, a raíz de la reducción en la faena de animales, el freno en las moliendas, y los fletes cancelados.

Falta de timing
A la luz de los datos no obstante, la comparación con 2008 resulta al menos reduccionista. Para un abordaje consistente en relación a la incidencia de las retenciones en la ecuación del productor agrícola, deben considerarse al menos tres variables: el tipo de cambio real, la cotización internacional de la soja, y la tasa de retenciones. El gráfico que acompaña la nota, muestra en su parte superior la cotización de la divisa extranjera entre 2004 y 2020, a precios del año 2020, junto a la cotización que reciben como saldo los productores de soja una vez descontado el costo de producción, y la alícuota de retenciones. En la parte inferior puede observarse la evolución del precio de la tonelada de soja.

Se observa que el tipo de cambio real de hoy es muy similar al de 2008, y que tras la suba de retenciones, la tasa del 33% es similar al 35% de aquel entonces. La diferencia radica no obstante en la cotización de la tonelada de soja, que hoy roza los u$s 320 y en 2008 orillaba los u$s 500.
Con los números sobre la mesa, la medida adoptada por la gestión Fernández, luce ilógica. No solo porque con la actual cotización de la soja la ecuación financiera de los exportadores no está en condiciones de soportar una carga impositiva de tal magnitud, sino por que con estos rangos de precio, el impacto fiscal de la medida es magro. Se estima que de sostenerse las variables en los valores actuales, la recaudación extra por la suba del 3% en las retenciones a la exportación de soja, podría llegar a los u$s 20.000 millones.
Sin embargo, lo más probable es que el precio de la soja continúe en una senda a la baja. Un parámetro que permite predecirlo, es la relación con el precio del petróleo. Con un barril ubicado en u$s 32 y la tonelada de soja en u$s 320, ese ratio es hoy de 10 veces. En el año 2008 esa relación era de solo 5, en 2015 era de 7,1 y hasta el año pasado de 5,8. La conclusión es inequívoca, el precio actual de la soja ‘es alto’ en relación al resto de los commodities.
Dado este cuadro de situación, la falta de timing en todos los actores involucrados, es por demás llamativa y alarmante.
De parte de las cámaras empresarias del agro, al intentar plegar a todo el campo a una medida de fuerza por una decisión oficial que afecta solo a los actores más grandes, y que en el caso de las economías regionales, beneficia a miles de productores. El escaso nivel de adhesión muestra lo extemporáneo de la protesta, que tampoco logró eco en la opinión pública, más preocupada por la escases de alcohol en gel, que por la posible falta de leche a raiz del piquete rural.
De parte del gobierno, por no advertir la dinámica de los mercados, las implicancias sobre el resultado de la medida, y el costo político asociado. Si la baja en la cotización de la soja se materializa en el corto plazo, la suba de retenciones que acaba de anunciar el gobierno no solo empeorará la ecuación de los actores que deben motorizar las exportaciones, sino que significará un costo político verdaderamente innecesario, teniendo en cuenta que a medida que se reduzca el precio la incidencia en la recaudación será menor, y que apenas han pasado tres meses desde la asunción.