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Pidieron no responder por Oil Combustibles para no “autoincriminarse”. No supieron contestar cuestiones tributarias y reconocieron que la ley permite dar esas facilidades.

Con serias restricciones en el cuestionario habilitado, ayer comparecieron como testigos en el juicio Oil Combustibles los dos extitulares de AFIP de la era Cambiemos, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, que habían impulsado originalmente la denuncia. Con sendos pedidos para que no se los interrogue sobre cuestiones relativas a la petrolera (ambos están imputados por la sospecha de que conformaron una asociación ilícita con Mauricio Macri para empujar a la quiebra a la firma de Cristóbal López y Fabián De Sousa) reconocieron que los planes particulares de facilidades de pago de la AFIP –en los que se apoya el juicio- eran parte de la ley, y que eran “facultad discrecional” del administrador federal otorgarlos. Pero los dos sorprendieron por el desconocimiento elemental en la diferenciación de tipos de impuestos, como el ITC, que era refinanciado en planes.

“No soy tributarista”, se ofuscó Abad cuando se le requirieron precisiones acerca de si los impuestos indirectos podrían o no ser incluidos en los planes de facilidades. En un segundo plano, ambos terminaron por darle una mano a Ricardo Echegaray repitiendo frases idénticas a las pronunciadas por el exfuncionario en su indagatoria y apuntando a que su rol como administradores está muy lejos de las áreas operativas que manejan completamente la relación con los contribuyentes.

“Los planes están regulados legalmente”, sostuvo Abad que por momentos se mostró nervioso ante las preguntas de las defensas. Atravesó el recinto de audiencias sin mirar ni a López ni a De Sousa y tomó casi una jarra de agua durante las más de dos horas que estuvo sentado. Hubo que reponerla para Cuccioli. “Si está en lo que dice la ley no le veo ninguna restricción”, respondió a la fiscalía respecto a si había limitantes para quienes fueran beneficiarios de un plan. Abad sepultó la mitad del juicio: ratificó que los planes generales –dos de los cuales están sometidos a discusión en Oil- se suscriben por internet, son universales y automatizados, y que no requieren más que encajar en los parámetros definidos informáticamente para comenzar a tener vigencia.

“Una cosa es que no tengan pagado un impuesto y otra cosa es ser evasor”, diferenció Abad, lo que hizo que las defensas celebraran. Y explicó que todas las empresas, cuando atraviesan dificultades en el plano financiero, se apalancan en los impuestos para evitar el colapso en otros frentes. Y que en planes de facilidades se analizaba el contexto “macroeconómico” que no es ley escrita para avanzar en un diseño que ampliara lo que se denomina “pago voluntario”. Pareció así retroceder respecto a las graves acusaciones que había formulado contra Oil al comienzo de la era Macri. Hasta dijo desconocer a qué se dedicaba la petrolera.

“El Artículo 32 es una pauta legal. La ley dice que (el administrador federal) puede hacerlo”, respondió Abad que explicó que tomó la decisión de no otorgarlos durante su gestión debido a la “complejidad” que implicaban y que “a veces no es tan fácil demostrar estas situaciones” en torno a las condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de las obligaciones. “Es una política personal”, justificó su postura. El cuestionario debió girar en torno a su primera gestión al frente de la AFIP (2002-2008) porque está denunciado por su accionar contra Oil a partir de 2016. En ese marco dijo que cuando desembarcó por primera vez, un “funcionario de carrera” antiguo en el organismo le recomendó que no utilizara su facultad para dar planes particulares porque era un “terreno complicado”.

A uno de los jueces del TOF 3, Andrés Basso le llamó la atención la alusión y le preguntó quién se lo había comentado. “No recuerdo quien”, respondió, para después agregar que creía que había sido más de una persona pero no sabía precisar. “La discrecionalidad puede estar reglada. Por esa complejidad dije que era entrar en algo adicional que como política no estaba dispuesto a seguir”, fue la última frase que Abad le regaló a las defensas, las cuales sostienen que el otorgamiento de planes responde a políticas de administración tributaria definidas por un gobierno para asegurarse la recaudación y no a una maniobra ilegal.

“No era mi función” fue repetido muchas veces por Abad a preguntas referidas al conocimiento que tenía acerca de a qué controles se sometía a grandes contribuyentes (como Oil) que estaban asentados en Direcciones Regionales o Agencias. Ni si había una nomenclatura para identificarlos. Minutos después, Cuccioli lo contradijo y aseguró que los controles y la preparación del personal que revistaba en Agencias estaba en igualdad de condiciones para monitorear aspectos fiscales de los contribuyentes. Si no hubiese salido al auxilio de Abad la querella de la AFIP cortando algunas preguntas, Cuccioli habría puesto en más aprietos a su antecesor. En el estrado ratificó su declaración acerca de que la AFIP era el organismo público que funcionaba como un “banco” para el sector privado y que los planes de pago eran “una herramienta”. Distendido, informal, el ex-AFIP que dejó su cargo hace dos días había contado con ayuda extra: la subdirectora general de Coordinación Técnica Institucional en AFIP durante su gestión, Jimena de la Torre que estaba entre el público de la sala, le iba comentando en tiempo real vía WhastApp cada pregunta del interrogatorio a Abad. Echegaray sonreía o se tomaba la cara si detectaba lagunas en sus sucesores.

Cuccioli sorprendió respondiendo a la fiscalía una pregunta incómoda: introdujo en el juicio la nota que los jefes de AFIP habían cursado a su despacho cuestionando la judicialización del caso Oil que se replicaba para todos los trámites idénticos que se habían dado para más de 1600 planes. “¿Considero que las facultades del Artículo 32 son discrecionales? Sí”, respondió Cuccioli. “No lo sé” y “no recuerdo” terminaron por agotar el resto de las preguntas.

Fuente: Ambito