Ocho empresas tienen la concesión para prestar el servicio en territorio bonaerense desde hace más de 20 años. Algunos contratos han vencido. Quiénes administran las plantas
En la provincia de Buenos Aires, su aplicación es obligatoria para vehículos con más de dos años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros de uso, mientras que las motos particulares deben cumplir con la verificación a partir del primer año de antigüedad.
Por eso, cuando se acercan las vacaciones y llega la hora de salir a la ruta, todos quieren cumplir con las normas o, en su defecto, evitar pagar una multa que, en algunos casos, llega hasta las cinco cifras.
De acuerdo a la última actualización, aprobada en julio de este año, el valor máximo de la tarifa básica de la VTV es de $ 916,35, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los vehículos pesados, de más de 2.500 kilogramos, abonan en total $1.995,81.
Para prestar el servicio, la Provincia dividió su territorio en once zonas, donde operan ocho empresas privadas bajo el sistema de concesión con pago de canon al Estado bonaerense. El Ejecutivo, en tanto, se en-carga de controlar la presentación a través del Ente Regulador de la Verificación Técnica de Vehí-culos, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
El mencionado sistema de concesión se estableció mediante el Decreto N° 4103, en 1995, por un plazo de 20 años, en el que las empresas abonarían al Estado en concepto de canon un 24 por ciento de la facturación bruta, es decir, descontando el IVA.
Sin embargo, ese porcentaje sufrió modificaciones a lo largo del tiempo. Según precisaron a La Tecla desde la Subsecretaría de Transporte, las empresas abonan uno de acuerdo a la zona en la que prestan servicio. Aquellas que operan en áreas de alta densidad poblacional, como La Plata o la zona norte del Conurbano, pagan alrededor del 20 por ciento, mientras que las localidades del interior aportan entre 3 y 5 por ciento.
Si bien los contratos fueron firmados en 1996, las plantas verificadoras comenzaron a operar dos o tres años más tarde, por lo que recién entraron en vigencia tiempo después. Desde entonces a la fecha, todas las empresas adjudicadas continúan operando en las 81 plantas verificadoras que funcionan en la Provincia. Sus contratos, tal como se explicó, tenían un plazo de 20 años, por lo que vencieron entre 2018 y 2019.
Sin embargo, el Gobierno bonaerense prorrogó los mismos a fin de continuar con las prestaciones que, al tener carácter obligatorio, resultan de vital urgencia e importancia. La decisión de la gestión de María Eugenia Vidal estuvo amparada en el artículo 44 del Decreto N° 4103, que establece que “el Poder Ejecutivo Provincial, podrá disponer la prórroga de las concesiones, por doce (12) meses desde su extinción, plazo que, una vez vencido y no existiendo aún un nuevo operador, se podrá extender de común acuerdo con el concesionario”.
Las empresas, por supuesto, dieron su consentimiento a la prórroga de los respectivos contratos. Claro, las ganancias son millonarias.
En este contexto, Vidal extendió los plazos de concesión de todas las zonas, algunas de las cuales ya están de nuevo vencidas, como las de Applus S.A., VTV Noroeste y VTV Norte S.A., cuyos contratos caducaron entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre. El resto vencerá entre el 4 de febrero y el 7 de julio de 2020. Para ese entonces, ya será problema de Axel Kicillof.
Los nombres detrás del negocio
A pesar de ser ocho las empresas concesionarias, apenas tres son los dueños del imperio. Se trata de Alejandro Mosquera, Aitor Retes Aguado y Arnaldo de Marzi, quienes presiden las sociedades a cargo. El último de ellos, por caso, tiene a su nombre tres: ITEVEBA, Concesionaria Zona 5 y Verauto La Plata, que administran (al menos) tres de las once zonas en las que se divide la Provincia y que comprenden 31 distritos. Es decir, una sola persona, tres sociedades y un cuarto del territorio bonaerense a su cargo.
De Marzi es el presidente de SGS Argentina, una empresa multinacional de inspección, verificación, ensayos y certificación. Además ocupó diversos puestos en la Cámara de Comercio Suizo-Argentina y en la Cámara de Empresas de Control de la Argentina.
Alejandro Mosquera, en tanto, es presidente de VTV Norte, concesionaria de las plantas verificadoras de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Campana y Zárate. Hasta 2004, la sociedad anónima estaba integrada, entre otros miembros, por Guillermo Delfin Fernández Boan, quien actualmente se desempeña como uno de los vocales de Applus, la tercera compañía concesionaria de las VTV.
Applus es presidida por el español Aitor Retes Aguado, de larga trayectoria en el mundo del comercio automotor. Recientemente obtuvo la concesión para operar y revisar el servicio de taxis y vehículos comerciales en CABA.