El gobierno de Alberto Fernández seguirá apostando a las energías renovables, a pesar de los reparos técnicos que genera esta forma de producción de electricidad más amigable con el ambiente. Lo que muchos le atribuían al macrismo como el seguimiento de una moda cool, se está transformando en una política de Estado, de la cual el Tesoro no es ajeno: el presupuesto 2020 prevé $ 14.100 millones en subsidios a los inversores eólicos, solares y otros que irrumpieron en la escena en los últimos años.
El misionero Sergio Lanziani, hoy el principal referente del sector energético del presidente electo, ya tomó nota del tema. Sabe que para cumplir con el Acuerdo de París, que obliga a descarbonizar la matriz energética, hay que disminuir la participación de los carburantes fósiles, más dañinos de la capa de ozono. Aunque, como el resto de Latinoamérica, Argentina está lejos de hacer un aporte sustantivo en contaminación.
Esto no significa que el responsable de Energía de la provincia mesopotámica sea un detractor de los hidrocarburos. Nada más lejos. Vaca Muerta seguirá siendo una causa abrazada con fuerza, por varias razones. Entre otras, puede generar buenos saldos exportables y el gas que abunda en ella es el menos nocivo de los hidrocarburos. Por lo tanto, ideal para una transición hacia una matriz más verde.
Algunos de sus interlocutores empresarios se asombraron por los notorios avances del equipo albertista en un plan energético, quizás con la perspectiva de que el área tenga estatus de ministerio y no de secretaría.
Aún no se sabe quién reemplazará al flamante dimitente Sebastián Kind –subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Cambiemos- pero seguro que alguien tomará la posta con la idea de enfrentar el problema de la “intermitencia” que desvela al misionero. Mientras no haya una forma de almacenar la electricidad de fuente eólica, solar u otras del estilo es necesario garantizar otras fuentes convencionales de energía para compensar las faltas de viento y sol.
El viraje hacia formas de producción más verdes está lejos de ser gratis. Sólo para el año próximo se prevé un esfuerzo fiscal equivalente u$s 224 millones, al tipo de cambio del momento, por los incentivos otorgados a las empresas del sector. Sin añadir el Foder, un millonario fondo integrado con recursos públicos para otorgar préstamos o garantías.
Mauricio Macri asistirá en los próximos días a la Cumbre de Naciones Unidas por el Clima, la COP 25, a realizarse en Madrid, y ratificará los compromisos locales en el combate para el cambio climático. Pero la realidad es que hoy sólo el 5% de la electricidad es verde y, según la ley vigente, esa proporción debía llegar al 8%, para trepar al 20% en 2025.
Más allá de que algunos grupos ganaron licitaciones sólo como un pasa manos de sus iniciativas -para venderlas a un inversor genuino y alzarse con una diferencia- hay proyectos del sector que quedaron congelados a la espera de las nuevas reglas y conseguir financiamiento apropiado.
YPF, Genneia, Central Puerto y Goldwin están entre las firmas que pararon inversiones hasta saber qué pasará con los contratos que firmó Cammesa (a la sazón, el Estado) para pagarles la electricidad de los emprendimientos en dólares, a un precio estipulado por los próximos quince o veinte años.
Contra esos acuerdos los que avanzaron en las inversiones consiguieron préstamos en el exterior, ya que la línea del Banco de la Nación prometida nunca estuvo operativa. Y la queja es que ahora tienen que devolver esos préstamos en moneda dura.
Aquí el presunto talón de Aquiles de la futura política oficial para seguir impulsando las verdes. ¿Hasta dónde llegaría la desdolarización de los contratos? La otra incógnita, asociada a ésta, es cómo superar el cepo para hacer pagos al exterior.
Por lo demás, el albertismo no dio señales de querer desmantelar un generoso régimen de subsidios para alentar las inversiones en esta materia, que explican una parte de aquel esfuerzo fiscal, consignados en las leyes número 27.191 y 26.190.
Entre otras prerrogativas, a los inversores se les reintegra el 20% del costo de los equipos que compren (o ensamblen) localmente, a través de un bono fiscal. Esto implica desarrollar una red de proveedores locales: ya hay al menos dos firmas dedicadas a la producción de torres.
También hay un régimen de amortización anticipada de bienes, que permite tributar menos Ganancias; devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado sobre las inversiones; extensión del plazo para utilizar los quebrantos y una licencia para computarlos en el balance. Y van…
Seguramente Argentina no querrá quedar alineada a las políticas estadounidenses de permanente desaires a los pactos internacionales que pretenden imponer pautas para cuidar el planeta emitiendo CO2. ¿Quién imagina a Fernández simbólicamente hermanado con el presidente de Estados Unidos Donald Trump?
Finalmente, el lobby petrolero contra las renovables en varios casos tiene un límite natural: estas mismas compañías se diversificaron y apostaron a la generación eléctrica de fuente no convencional. Nuevos tiempos.