La jueza que lleva el caso por la estatización de la petrolera argentina se disculpó por suspender las actuaciones hasta que se despeje la incertidumbre electoral.
a jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, Loretta Preska, se disculpó con el Gobierno por cuestionar hace unos días su autoridad para comandar la estrategia de defensa de la Argentina en el juicio por la estatización de YPF.
La semana pasada la Procuración del Tesoro activó, a través del estudio de abogados Maura Barry Grinalds, una queja formal por la decisión de Preska de suspender las actuaciones hasta que se despeje la incertidumbre electoral.
El Gobierno argentino entendió que Preska cuestionó y minimizó la autoridad de los actuales administradores del Estado nacional, dado que el presidente Mauricio Macri perdió las elecciones PASO por 16 puntos ante el candidato opositor Alberto Fernández.
Por eso, el pasado jueves le enviaron a Preska un escrito en el que dejaron en claro que “aunque no creemos que el Tribunal haya tenido la intención de implicarlo, tal como está escrita, la orden podría interpretarse, incorrectamente, para sugerir que la administración actual carece de legitimidad o autoridad legal porque hay una elección en el horizonte”.
Así reapareció el fantasma del vacío de poder del actual Gobierno sobre el que mencionó Fernández que le habrían señalado las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Como sin duda apreciará el Tribunal, cualquier sugerencia de este tipo es inexacta y podría sentar un precedente peligroso para la República o cualquier Estado soberano que enfrente una elección presidencial”, continuó el duro texto.
La Argentina subrayó que Macri fue electo por los ciudadanos y tiene “total autoridad” para tomar decisiones vinculantes para la República.
Preska, que reemplazó al ya fallecido juez Thomas Griesa, famoso localmente por fallar en favor del pago a los holdouts, contestó el martes a la noche sobre el mismo escrito.
“La implicación incorrecta que podría sugerir ciertamente no fue intencionada“, marcó.
El juicio por la nacionalización de YPF le podría costar al Estado nacional unos u$s 3000 millones. El monto es estimativo y recientemente Burford Capital fue acusado de fraude contable por inflar sus números.
Cuando Preska postergó las actuaciones del juicio, en el Gobierno se quejaron de que era “un mensaje político con consecuencias jurídicas y no podemos aceptar eso, porque garantizamos que habrá continuidad institucional”. “El Estado argentino es uno y no importan las elecciones”, agregaron.
Ahora, en respuesta a El Cronista, sostuvieron: “Nuestra posición es que hay una continuidad institucional en el caso de la República aunque cambie la administración y una continuidad societaria en el caso de YPF aunque cambie de directorio”.
En el Gobierno también analizaron que la jueza no confía en que un próximo gobierno de Alberto Fernández sea respetuoso de la independencia de la Justicia y eso la impulsó a tomar esa medida el 17 de septiembre, por la que tuvo que disculparse.
Fuente: Cronista