Se pretende bajar los costos para acercar el precio del gas a los de Estados Unidos. Garantias y estabilidad fiscal. El criterio se extenderá también al petróleo.
El proyecto de ley sobre un nuevo marco integral para Vaca Muerta en el que trabaja el economista Guillermo Nielsen, uno de los colaboradores del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, tiene el propósito de igualar las condiciones de las que disponen los inversores del gas no convencional en los Estados Unidos, donde el producto resulta un tercio más barato. Con esa inspiración y el afán de atraer capitales, se está diseñando un menú de anzuelos para las petroleras que incluye desde la libre disponibilidad de las divisas a una fórmula contractual que les facilitaría eventuales demandas contra el país en tribunales internacionales.
La iniciativa Nielsen comenzó a gestarse el año pasado, cuando ni se soñaba con el resultado de las PASO, pero se vigorizó en las últimas semanas con la idea de que sea uno de los primeros proyectos de ley a enviar al Congreso con el arribo de un nuevo gobierno. En rigor, no hay dirigente de las agrupaciones con más chances de detentar el poder que no vean al mega yacimiento neuquino como una fuente genuina de divisas, imprescindibles para sostener el equilibrio macroeconómico.
Los últimos registros oficiales explican porqué Vaca Muerta puede ser fuente de esos anhelados dólares. En los primeros ocho meses de este año, las importaciones de gas natural licuado (GNL) disminuyeron un 47,8% en relación al mismo período del año anterior, al tiempo que la producción local de gas natural alcanzó 28.656,1 millones de metros cúbicos, la más alta de los últimos años (creció 5,6%).
Fernández está tan convencido como Mauricio Macri que hay que hacer una apuesta fuerte en los no convencionales, no sólo para achicar importaciones sino para revertir la balanza y tener excedentes exportables. Los colaboradores del actual borrador del proyecto hacen cálculos optimistas. Sólo en base a inversiones ya anunciadas, en 2021 se podría estar exportando al menos 5.500 millones de dólares anuales de gas y petróleo, cifra que treparía a 9.000 millones en 2024.
La redacción del articulado a cargo de un equipo interdisciplinario y heterogéneo incluye a algunas de las empresas que ya operan en el mercado. Varias arrimaron sus propuestas, con distinto grado de éxito pero un interés común: no tener restricciones para exportar y disponer libremente de las divisas obtenidas. A cambio hicieron saber que estarían dispuestas a mantener el congelamiento tarifario por un par de años y que hasta podrían hacerse cargo de importar el GLP que necesita el país hasta que la producción de Vaca Muerta ayude a cubrir íntegramente las necesidades locales.
El proyecto estará focalizado en alentar la producción de gas, el hidrocarburo más abundante. Pero las petroleras hicieron saber su deseo de extender el paraguas al petróleo, que hoy ofrece una renta más rápida: su precio está alto y, a diferencia del GLP, no es necesario desarrollar infraestructura para exportarlo. “Algunos sólo ven el negocio a corto plazo”, cuestionan los técnicos que colaboran con Nielsen.
El gas no convencional de EE.UU. se vende en el mercado a 2,5 dólares el millón de BTU, 1 dólar más barato que el local. La ambiciosa iniciativa en gestación apunta a bajar el costo argentino para abaratar el producto sin alterar la renta privada. Y hasta el momento todos los cálculos se hacen sobre precios en dólares.
Los estímulos
El primer gran estímulo previsto para los futuros inversores será la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por la exportación. Adicionalmente, se piensa en la eventual constitución de un fideicomiso en el exterior, contra el cual pueda obtenerse financiamiento a tasas internacionales. Algunas compañías hicieron saber que es importante una condición previa: poder exportar libremente, sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno, concesión muy improbable.
Otra regla para apañar a los inversores será la de garantizar estabilidad tributaria, contemplando los gravámenes provinciales que, en algunos casos, deberían reducirse. Para que esta zanahoria sea eficaz se está evaluando que los futuros contratos de concesión tengan un estatus similar a los que se utilizaron en Perú para el desarrollo de la explotación gasífera de Camisea.
Se trata de “contratos ley”, que para ser modificados no sólo necesitan la voluntad del Congreso sino de las partes privadas involucradas en el acuerdo. Si estas condiciones no se cumplen, el camino para que el inversor presente una eventual demanda contra el Estado en un tribunal internacional como el Ciadi estaría allanadísima.
El proyecto de ley en gestación también pretende dar ventajas impositivas como la amortización anticipada de bienes de capital y la rebaja o eliminación de aranceles para importar equipos que, a su vez, deberían tener un inmediato despacho a plaza. En rigor, se trata de una norma integral, que va más allá de la actividad gasífera y por ello muy ambiciosa.
Pero pareciera que hay una confluencia de intereses públicos y privados que avalan un trabajo de ese estilo. Argentina tiene una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo y necesita seducir capitales para esos desarrollos con cierta estabilidad macro y, fundamentalmente, mercado externo para colocar el producto, ya que el doméstico no justificaría la explotación masiva.
De ahí que se haya activado la venta a Chile con los caños ya instalados, se apunte a Brasil y Hacienda haya avanzado en la licitación del gasoducto desde Neuquén a provincia de Buenos Aires, en primera etapa, y con apoyo de recursos públicos.
También hacen falta plantas de licuefacción que transformen el estado del producto para distribuirlo por el mundo en barcos.
A juicio de los colaboradores de Nielsen también es necesario curar algunas heridas como la que dejó en la epidermis empresaria la reinterpretación de la resolución 46, que redujo el subsidio a la producción de gas no convencional, afectando prioritariamente a Tecpetrol, la más dinámica de las compañías en la producción de este tipo de gas.
Las petroleras tienen una relación de amor-odio con las subvenciones. Las aceptan de buen grado cuando se las ofrecen pero las denostan si tienen posibilidad de cobrar lo mismo directamente del mercado, ya que depender de la caja estatal es inseguro.
Aunque con diferencia de matices, tanto en la concepción del Frente de Todos como en la de Juntos para el Cambio subsidiar a las petroleras no es mala idea. El otrora ministro de Economía y actual candidato a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof, fue el que aplicó el Plan Gas, por el que se le pagaba a las productoras un adicional de precio para animarlas a producir, millonario programa estatal que este gobierno reconvirtió en un plan de estímulo sólo para los no convencionales.
La apuesta Nielsen está más orientada a otra forma de sacrificio fiscal, que independice las futuras inversiones de la arbitrariedad de los gobiernos de turno y, básicamente, de sus recurrentes angustias fiscales.
Fuente: Clarín