Apuntó a la intención de su sucesor de evitar cobrar la deuda por impuestos adeudados, corrigió errores técnicos de la acusación de Pollicita y Gil Lavedra. Inquietud en la AFIP con testigos que deberán declarar. Auditoría con respuestas contradictorias. El “Artículo 32” de Macri jefe de Gobierno.
Para el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray existió “dolo” –es decir, “intención de generar”- un perjuicio al Estado por parte del exadministrador Federal de ingresos Públicos Alberto Abad y la línea política de su gestión en el organismo recaudador. En el último tramo de su indagatoria por el juicio Oil Combustibles, Echegaray apuntó que el único “nexo causal” para que la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa generara una deuda impagable que derivó en la quiebra y en la liquidación de sus activos se debió a la serie de resoluciones generales dictadas por Abad a partir de 2016 con el objetivo concreto de cerrarle las puertas al financiamiento a esa empresa. Así, volvió a objetar que se lo acuse por haber otorgado planes de financiamiento legales conforme a la normativa de AFIP y señaló que eso quedó corroborado con la pericia oficial, incorporada antes de la feria judicial, revelada por Ámbito Financiero.
En la actual gestión de Leandro Cuccioli hubo inquietud desde que los números de la pericia parecieron derribar varios de los postulados de la querella y de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. El discurso de AFIP, canalizado por algunos medios, comenzó a virar –ya no sobre el monto de lo que Oil Combustibles adeudaba en concepto de ITC o su exigibilidad-, sino sobre el otorgamiento irregular de los planes por el Artículo 32. Echegaray, a lo largo de cinco audiencias criticó que tanto en la elevación a juicio del caso firmado por Julián Ercolini –también en la mira por una investigación incompleta de la causa “Vialidad”- como en el resto de los escritos judiciales se hubiera incluido la supuesta exigencia para otorgar los planes de verificar una situación de “crisis” económica de la petrolera. En todos los documentos reseñados en la causa, hasta el momento ese enunciado no aparece. Según pudo saber a este diario, los movimientos en la AFIP como reacción al avance del juicio fueron dos: por un lado el pedido de licencias médicas prolongadas de al menos un par de funcionarios jerárquicos que iban a declarar como testigos en las audiencias; y por el otro, de ascensos a quienes sostuvieron con su firma los “informes de auditoría” sobre los que se apoyó la acusación y que estaban dirigidos hacia Oil, pero sin generar comparaciones con otros contribuyentes en idéntica situación.
En la audiencia de ayer, Echegaray –relevado del secreto fiscal- comenzó a develar todos los sistemas de monitoreo con los que cuenta la AFIP y qué información de los ciudadanos y las empresas manejan en las bases de datos del organismo, que incluyen hasta relaciones personales. Con esto apuntó a quebrar uno de los argumentos de Pollicita que era que nunca se le había solicitado documentación a la empresa para respaldar su pedido de acogimiento a un plan de pagos. El ex-AFIP sostuvo que nunca se hacía porque todo estaba al alcance de los sistemas. Y aprovechó para iluminar un dato desconocido: contemporáneamente, en la Ciudad de Buenos Aires y bajo la administración de Mauricio Macri como jefe de Gobierno se dispuso un plan de pagos para personas y empresas deudoras con la AGIP –Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos- que conducía Néstor Grindetti con idéntica redacción a la del Artículo 32 que está siendo cuestionado.
Además de Abad, y porque integraba la línea de decisión de su gestión durante la era Cambiemos, quien quedó también en la mira es el extitular de la Dirección General Impositiva (DGI) Horacio Castagnola, eyectado por Cuccioli a fines de 2018 en un episodio sorpresivo. De él dependían varios de los funcionarios apuntados por generar la “incobrabilidad” de Oil. ¿Hubo informes contradictorios entre sí? Aparentemente la auditoría 14 y la 15 ofrecen datos contrapuestos sobre Oil. No pasó desapercibido para Echegaray, ayer, que la querella que hoy encabeza la AFIP en el juicio podría cambiar a fin de año si termina el mandato de Macri. Y podría comenzar a revisionarse el motivo por el que la AFIP de Abad contrató a Ricardo Gil Lavedra como abogado externo cuando el organismo cuenta con un cuerpo jurídico solvente. Si se corrobora la defensa que ha hecho Echegaray de cuestiones técnicas (y de las más elementales que van desde definiciones tributarias normativas hasta cómo se verifican datos por los sistemas internos) de la AFIP sería un escándalo: los yerros de Gil Lavedra, harían naufragar la acusación sin que la continuidad de la querella a cargo de Alejandro Carrió pudiese encarrilarla. La semana próxima comenzarán las preguntas del tribunal y las de la fiscalía.
Fuente: Ambito