La licitación para ceder la operación del ducto podría ser postergada para que el próximo gobierno decida el futuro del proceso
El nuevo gasoducto troncal de 1.100 kilómetros que deberá llevar la producción de gas de Vaca Muerta hasta Buenos Aires y Santa Fe podría quedar postergado para que sea el próximo gobierno el que decida su construcción.
Se trata de un proyecto cuyo costo total ronda los u$s2.000 millones, que tiene como objetivo ofrecer un ducto más a la esperada mayor producción de gas y que debería dar nacimiento al tercer transportador de este insumo del país bajo la denominación comercial de Transportadora de Gas del Centro (TGC).
También se busca reemplazar con gas de Vaca Muerta el GNL que se importa en los barcos que inyectan producción en la terminal de la localidad bonaerense de Escobar.
Una iniciativa que atrajo el interés de los principales empresarios de la Argentina como Marcelo Mindlin, Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca, Nicolás Caputo y las familias Sielicky y Werthein.
Todos involucrados de alguna manera en las empresas que ya se acercaron a la Secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui para conocer detalles de los pliegos de la licitación, o para anunciar que iban a ser parte del proceso como accionistas de algunas de las empresas anotadas para la competencia.
En el caso de Mindlin, como accionista de Transportadora de Gas del Sur (TGS), mientras que Eurnekian y Rocca como titulares de acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGN) a través de sus controladas Compañía General de Combustibles (CGC) y Tecpetrol, respectivamente.
De hecho, hasta YPF había anticipado una asociación con TGS para intentar adjudicarse la licitación que, en principio tiene fecha de adjudicación para octubre próximo.
Sin embargo, el cambio de clima político y la profundización de la inestabilidad financiera generada después de las PASO del domingo 11 de agosto habrían puesto en revisión el proyecto, más allá de que se lo considera fundamental para poder incrementar la producción de gas desde Vaca Muerta y para que el país reduzca el costo fiscal que representan las importaciones de gas natural licuado o GNL.
Por un lado, desde el propio Gobierno algunos funcionarios sostienen la idea de continuar el proceso licitatorio, mientras que otros dudan en mantener el cronograma y hasta analizan la posibilidad de que la adjudicación se postergue para después de las elecciones generales del 27 de octubre, siempre que el presidente Mauricio Macri logre el milagro de revertir la decisión de la mayoría de los argentinos de permitir el regreso del kirchnerismo al poder.
Incluso entre las propias interesadas existen ahora dudas sobre mantener las ofertas. Según pudo saber iProfesional de fuentes cercanas a los organizadores de la licitación, algunas empresas que ya compraron los pliegos podrían optar por peder una postergación de los plazos y de la fecha límite para la presentación de las propuestas.
En ese caso, la decisión del Gobierno sería la de escuchar el pedido y aplazar el proceso, aunque los funcionarios de Energía pretenden, como mínimo, dejar el trabajo bien terminado y listo para quien sea que finalmente tome la decisión de adjudicar el gasoducto.
Hasta ahora, el cronograma elaborado por los asesores de Lopetegui se vino cumpliendo. El 27 de julio pasado se publicó el llamado a licitación para otorgar la nueva licencia de transporte de gas de TGC y en el cual se explicaron los plazos de la obra que consta de dos etapas. En la primera, se deberían destinar u$s800 millones y en la siguiente los otros u$s1.200 millones restantes.
A fines de septiembre vence el período de 60 días establecido para la presentación de las ofertas y la idea inicial era adjudicar la obra en octubre, tal como ya lo anunció el propio Lopetegui hace dos meses durante una reunión de la mesa de enlace de Vaca Muerta llevada a cabo en Neuquén.
De continuar el proceso, TGC será la tercera licenciataria de transporte de gas, junto con TGS y TGN. Los interesados deben garantizar una cantidad mínima de volumen a transportar y proponer la traza del gasoducto, así como también la tarifa que esperan cobrar a las empresas productoras, y si se cumplen los tiempos, el ducto estaría operativo para el invierno de 2021.
En la primera etapa, el ducto deberá llegar desde Neuquén a Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, para concectarse con el sistema de transporte de TGS para llegar al GBA y al Litoral. En el caso de la segunda etapa, se extenderá desde esa localidad bonaerense hasta un punto del sistema de transporte de TGN próximo a la ciudad de Rosario.
En cuanto a la financiación prevista por el Gobierno, sería otro de los puntos de conflicto a la luz del nuevo contexto político y económico ya que las autoridades proyectaron respaldar la obra con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y aportes de organismos gubernamentales de los Estados Unidos como la OPIC y recursos privados.
En la actualidad, el destino del FGS es otro punto de disputa entre el Gobierno y los equipos técnicos de Alberto Fernández, mientras que en el caso de los aportes extranjeros y del sector privado estarían retrayendo sus inversiones en la Argentina hasta que se vislumbre cuál será el futuro del país.
Fuente: iprofesional