El informe presentado por Schiaffini se suma a las irregulares disposiciones de la gestión de Abad para impedir planes de pago. Echegaray calificó de “quirófano jurídico” la alteración de normas para “arrebatar las empresas”.
“(Alberto) Abad entró al quirófano jurídico de la AFIP con la motosierra y le dieron ropaje jurídico al objetivo de arrebatar las empresas del Grupo Indalo”, sostuvo ayer el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray en el marco del juicio oral, haciendo referencia a la secuencia de resoluciones dictadas para hacer colapsar los planes de pago de Oil Combustibles que reveló ayer Ámbito Financiero. Y apuntó que, a contramano de lo señalado por el fiscal Gerardo Pollicita, los planes de pago fueron “tan legítimos y legales que no sólo lo tuvieron ellos (por Cristóbal López y Fabián De Sousa), sino 1.600 más, y los más de 5 millones de contribuyentes que accedieron a planes generales”. En la breve audiencia ante el Tribunal Oral Federal N° 3, Echegaray volvió a apuntar a su sucesor en la AFIP durante la era Cambiemos y a un puñado de funcionarios, uno de los cuales confeccionó un informe de auditoría sobre la petrolera Oil que según los registros se confeccionó en menos de dos horas.
Echegaray reveló otro detalle hasta ahora desconocido: el primero de los planes “particulares” a los que se acogió Oil Combustibles, los cuales se están cuestionando en el juicio, era de 30 cuotas mensuales con el interés previsto. Al momento en el que Abad intervino con sus resoluciones administrativas, 25 de esas cuotas ya habían sido canceladas. Además, puntualizó que el otro plan era de 60 cuotas, cuando la mayoría de beneficiarios -empresas, clubes de fútbol y famosos- tenían la chance de pagar en 120 cuotas. Echegaray enumeró la cantidad de herramientas con las que contaba la línea de decisión dentro de AFIP para validar cada uno de los pasos administrativos que tuvieron los pedidos de planes de Oil hasta su aprobación final. “Acá hubo un interés de la política para que nunca el fisco tuviera como objetivo cobrar tributos”, apuntó el extitular de la AFIP, que señaló que desde que se judicializó el caso, y con la empresa empujada a la quiebra, nunca se recuperó la deuda.
“Se constituyó un fraude procesal”, indicó el ex-AFIP apuntando al informe sobre Oil que se había incluido como base de la acusación fiscal de una supuesta “descapitalización” de la empresa de López y De Sousa. El aludido fue jefe del departamento de investigaciones de grandes contribuyentes Jorge Schiaffini, que será testigo en el juicio. Deberá explicar entre otras cuestiones cómo fue que confeccionó ese informe de 30 carillas con detalles sobre los giros y la operatoria de la petrolera cuya “fecha de registración” fue el 1/04/2016 a las 11.10 am. El problema es que tiene horario de recepción en la fiscalía de Pollicita a las 14 del mismo día. Dos horas y 50 minutos demoró la investigación que sólo lleva la firma de Schiaffini y de ningún otro subalterno de las líneas operativas. Singular.
“No es que no se cumplió alguno de los deberes que se tenían que cumplir, menos aún que nos pusimos de acuerdo de manera dolosa para perjudicar al Estado. Ante la cantidad de planes que se otorgaron y cantidad de cuotas, estar debatiendo por un plan de 30 cuotas pasa a ser ridículo”, dijo Echegaray, que todavía no culminó con su extensa indagatoria en el juicio y aún no habilitó las preguntas del tribunal y la fiscalía. La AFIP -sotto voce, y tras el resultado de la pericia oficial de la Corte que perjudica toda la hipótesis de la acusación conocida hasta ahora- empezó a virar el objeto de su querella para apuntar a que hubo un otorgamiento “irregular” de los planes. “En el resto de los planes otorgados, ¿se hizo (en cuanto a los procedimientos de validación) algo distinto?”, se preguntó el ex-AFIP. “No”, fue la respuesta.
Por Gabriel Morini
Fuente: Ambito