El Gobierno de Mauricio Macri evita ahora tener que conseguir (si se perdiera el juicio) cómo pagar u$s3.000 millones por la manera en que se nacionalizó la petrolera. El demandante protestó por la demora en la definición.
Desde Buenos Aires, y aunque se reconoce que se está lejos de conseguirse el objetivo de máxima, el hecho de no haberse dispuesto sin más el fin del juicio y abrirse un espacio de tiempo para el debate dentro del juzgado que alguna vez manejó Thomas Griesa, se interpreta que la causa tomó un giro favorable a los intereses locales. Para el Gobierno, la extensión en el tiempo determinará que la decisión final demandará varias semanas más y que el capítulo del juicio YPF en Nueva York también podrá ser utilizado en la campaña electoral, dado que los dos principales actores de la operación de reestatización de YPF son hoy de los principales candidatos de la oposición: la expresidenta Cristina de Kirchner y el exministro de Economía Axel Kicillof. Estos, además del exministro de Planificación, Julio De Vido. Dentro del Ejecutivo, se ponderaba que la estrategia de Skkaden, elaborada con los representantes del oficialismo que se ocupan del caso, basada en “embarrar la cancha”, haya prosperado. Fuentes oficiales hablan incluso del éxito de la “Burlandización” de la estrategia internacional (recomendada desde Buenos Aires), un objetivo y técnica que habría sorprendido a los abogados de Burford, acostumbrados a enfrentar todo tipo de estrategias, pero evidentemente no a estos mecanismos de ganar tiempo y complicar las argumentaciones.
El planteo argentino fue expuesto por la abogada del estudio Skadden, Maura Grinalds, quien planteó la posición argentina de mudar el caso a Buenos Aires, ante la necesidad de evaluar la manera en que en 2008 se vendió el 25% de YPF. La abogada presentó al comienzo de la audiencia las justificaciones sobre el reclamo, basado en que la operación podría haber incluido hechos de corrupción, que deben ser juzgados por las leyes argentinas. Y que al estar implicados muchos testigos locales, la Justicia local es la que debe tomarles declaración. Argentina asegura que hay causas abiertas en el país que están juzgando el caso de la operación de 2008, y que un avance de estas causas podrían ser de utilidad y esclarecer el caso que evalúa Preska. En realidad la única causa que trata el tema está en poder del juez Ariel Lijo, y se basa en una denuncia de la diputada Elisa Carrió de 2008, y hasta ahora no tiene mayores movimientos, pese a que ya cumplió más de 10 años desde su presentación.
La causa se basa en la demanda de Burford, a la que se sumó Eton, por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado al mismo valor. Burford negoció en 2013 en la Justicia española la compra de la quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos empresas que originalmente representaban las acciones del Grupo Petersen dentro de la petrolera; pero que ya a comienzos de ese año se habían presentado en quebranto en los tribunales de Madrid. Burford, un especialista en detectar casos judiciables por el mundo con potencial de litigio internacional, adquirió los derechos del juicio por unos u$s13 millones, en un contrato firmado por el síndico de la quiebra. En la presentación de los escritos de Burford, dejó siempre claro que la compra de la causa fue a la Justicia española, y que para 2013 ya no tenía nada que ver con la petrolera el Grupo Petersen. Este punto sería además uno de los argumentos del demandante para desestimar el reclamo de la Argentina de mudar la causa a Buenos Aires para investigar si existieron hechos ilegales en el momento en que el Grupo Petersen ingresó en la petrolera. Burford no es especialista en inversiones financieras, sino que se concentra en la alternativa de encontrar megajuicios de compañías en quiebra o empresas en bancarrota con demandas de terceros, pero que no tienen espaldas como para avanzar en juicios durante años.
En el caso de Petersen, luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015, quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner. El grupo argentino se presentó en concurso en España en 2012, al no poder continuar realizando los pagos comprometidos para su ingreso en la petrolera, al prohibir el Gobierno de Cristina de Kirchner el pago de dividendos, ya con YPF nacionalizada. Esta era la forma en que Petersen había acordado con el Gobierno argentino la liquidación de su deuda original con Repsol, por lo que el cambio de planes del Gobierno de 2012 determinó su presentación en concurso y su posterior bancarrota. Unos meses después apareció Burford y su reclamo por unos u$s3.000 millones.
Fuente: Ambito