Es el fondo Burford, que había planteado que no se haga lugar a una presentación sobre el lugar de competencia: el Gobierno de Macri busca que el juicio sea en el país en vez de EE.UU. La disputa es por US$ 3.000 millones.
El consúl de la Argentina en Nueva York, Mateo Estremé; el procurador de la Nación, Bernardo Saravia Frías, y el director de YPF Fabián Rodríguez Simón, en la corte de apelaciones de Nueva York. Archivo Clarín
El fondo Burford, que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF, sufrió ayer un rechazo. Le pidió a la jueza estadounidense que lleva la demanda -que, en caso de perder, podría costarle hasta US$ 3.000 millones al Estado argentino- que no escuchara argumentos sobre jurisdicción y que directamente se inicie el juicio. Pero Loretta Preska, a cargo de la corte del distrito Sur de Nueva York, desestimó esa petición.
YPF y Argentina quieren acreditar que los tribunales argentinos son competentes para dirimir el litigio, generado a partir de la expropiación de YPF que realizó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Burford -que compró los derechos para litigar en la quiebra del grupo Petersen (familia Eskenazi) en España- se opone a esa posición. La jueza Preska no convalidó directamente los argumentos argentinos, pero se tomará tiempo para evaluarlos.El fondo Burford pretendía que fueran desestimados.
Los abogados de Burford se enojaron frente a la presentación argentina, que contenía datos que la defensa del país podría haber realizado antes, pero que no se hizo con el equipo legal anterior. Le dijeron a Preska que se trataba de una “chicana” legal. Pero la jueza les refutó. “Abogados, la que decide lo que se puede presentar en mi corte soy yo, no ustedes”, les espetó según testigos. Los abogados argentinos permanecieron serios en ese momento, pero quedaron satisfechos.
“No me repita y no vuelva sobre eso”, también le manifestó la jueza a los abogados de Burford, según contaron varios argentinos que estuvieron allí. Les pareció una situación “tensa”, pero propia de un ámbito donde se está tratando de imponer la ley.
Burford solicitó un rechazo “in limine”, pero no lo obtuvo. Ahora, se estima que la jueza se tomará un par de meses para decidir sobre el planteo argentino.
“Hay elementos para acreditar el caso. Pero la contestación argentina que hizo el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner no los había aportado“, explicó una fuente oficial. En el Poder Ejecutivo sospechan algo peor: que la defensa anterior de la Argentina no solo no estuvo velando por los intereses de YPF, sino que facilitó las vías para que Burford ganara el juicio. Allí creen que la familia Eskenazi (del grupo Petersen) se quedará con una parte del laudo, en caso que el fondo Burford resulte victorioso.
“Se haga donde se haga el juicio, la ley aplicable es la de Argentina. Nuestras leyes de sociedades comerciales y el prospecto en que se vendían las acciones de YPF establecían que en casos de desacuerdos se resolvía con la legislación argentina”, recalcan los abogados oficiales.
El juicio, que Burford quería que se iniciará de inmediato, requiere dos semanas en que las partes tienen que dialogar entre si sobre una serie de pruebas. Es una formalidad. Los abogados de Argentina y los del fondo pueden acordar un cronograma de presentaciones de pruebas, tiempos de validez de las mismas y otros detalles. En caso de no acordar, se lo informan a la jueza y ella decide.
Además, una vez que la jueza decide si se aplicará la ley americana o la argentina, es probable que cualquiera de las partes trate de apelar, lo que dilatará aún más el proceso.
En caso que el juicio tenga como jurisdicción a los Estados Unidos, el Gobierno argentino apunta a lo que llama “la defensa de fondo”. En esa instancia, el principal objetivo del Poder Ejecutivo es que seinicien los procesos de “discovery” (descubrimiento de sociedades, que se conocen bajo pesquisa judicial). Allí creen que pueden demostrar el supuesto fraude en la adquisición de los derechos del grupo Petersen (familia Eskenazi) por parte del fondo Burford durante la presidencia de Cristina Kirchner.
YPF y Procuración del Tesoro también quieren echar luz a la venta del 25% de las acciones de YPF realizadas por Repsol. Fueron realizadas con un préstamo de la propia española, y como contrapartida se iban pagando con los dividendos generados. Es una “anomalía” que los abogados locales también quieren que mire la jueza Preska.
Fuente: Clarin