La Procuración del Tesoro con el estudio legal que representa al Estado quiere impugnar la venta del 25% de YPF a los Eskenazi, dueños de Petersen. Si lo logran, se podría caer el reclamo de Burford
Los representantes legales del Estado nacional buscarán este mediodía impugnar la cesión del 25% de YPF a la familia Eskenazi mediante las firmas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.
La Procuración del Tesoro, que encabeza Bernardo Saravia Frías, quiere demostrar que la venta que hizo el kirchnerismo fue fraudulenta, con lo que el reclamo de Burford Capital en los Estados Unidos no tendría valor.
De esta forma, el Gobierno busca evitar un proceso judicial largo e incierto que podría resultar en un costo de unos u$s 3000 millones en caso de sentencia negativa.
A partir de las 11 de Nueva York (las 12 de Argentina), la jueza Loretta Preska, que reemplazó a Thomas Griesa en el Segundo Distrito Sur, celebrará una audiencia entre los demandantes y el Estado nacional.
La oportunidad de Preska es la previa a la confirmación del juicio, que es la variante con más chances de ocurrir dados los antecedentes de la causa y de otros litigios desarrollados en el país norteamericano.
Por caso, pese a la insistencia del Gobierno de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolviera que la jurisdicción pertinente fuera Argentina, el juicio se desarrollará en Nueva York.
Las sentencias de Griesa en favor del pago a los holdouts (los famosos fondos buitre) también marca un antecedente negativo.
La historia
El fondo Burford Capital compró en 2015 las acciones para litigar en nombre de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora por la estatización de YPF de 2012.
Según el estatuto de la petrolera, el Estado comandado por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y ofrecer la compra a todos los accionistas.
Si el Gobierno pudiera probar ahora que la venta del 25% de YPF a Petersen (la firma de los Eskenazi) fue fraudulenta, habría una razón de peso para que caiga la causa.
El juicio se cuela como tema de campaña. En el Gobierno señalan que la supuesta impericia del ex ministro de Economía y actual precandidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le costó miles de millones de dólares al Estado nacional.
Hace unos días, la respuesta llegó desde un lugar inesperado. El precandidato presidencial Roberto Lavagna marcó que desde que Cambiemos llegó al Gobierno, las sentencias contra el Estado siempre fueron desvaforables y puso bajo un manto de sospecha la causa.
Fuente: El Cronista