La Justicia federal determinó que la petrolera YPF debe brindar información respecto de los posibles impactos ambientales de la actividad que desarrolla en Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo no convencional más importante de América Latina. Así lo resolvió el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la ciudad de Buenos Aires que se pronunció en favor de un reclamo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) que solicitó el acceso a la información pública.
La jueza Cecilia De Negre dispuso en este caso la total validez, vigencia y preeminencia de la Ley Nº 25.831 de Acceso a Información Pública Ambiental, que no cuenta con ninguna cláusula que restrinja a la población el acceso a la información pública sobre actividades desarrolladas por las industrias y sus posibles impactos en la salud y el ambiente.
YPF adelantó a Infobae que apelará la sentencia. Hace dos años la ONGpresentó dos pedidos de acceso a la información con varios puntos entre los cuales se destacan la cantidad de pozos que se explotan, las condiciones en que se realiza la actividad, el detalle de los informes de impacto ambiental presentados, la cantidad de agua que se utiliza para realizar la fractura hidráulica así como también los químicos y las compañías que lo realizan, entre otros.
“Es un hito más dentro de la batalla por la transparencia de actividades que pueden causar impactos en el ambiente y en la salud de la población. Pedir información sobre cómo se desarrollan las actividades es una de las prioridades que deberían existir entre las empresas y las autoridades es llevar información y tranquilidad a la población. Hoy se gastan millones de dólares en programas de TV, en distintos medios para explicar las bondades de Vaca Muerta y no se gasta un solo peso en establecer transparencia, y lo que se busca es sancionar leyes que impidan la transparencia y que la población no se entere ni conozca la información“, indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Farn a Infobae.
Y agregó: “Vamos a seguir bregando por que todas las empresas que tienen impacto en el ambiente, tanto YPF como explotaciones mineras y las empresas que fabrican agroquímicos, brinden información y estén en la misma condición que cualquier otra persona”.
La empresa petrolera con 51% de participación estatal respondió mediante un comunicado: “En el caso puntual de este fallo, la empresa planea apelar por considerar que el mismo se aparta del marco legal vigente, tanto en lo que hace a la naturaleza jurídica de YPF S.A., como en lo relativo a la información pública ambiental. Por fuera de las particularidades de este caso, YPF tiene como política de comunicación mantener informados a los distintos públicos de interés de la compañía, tanto sobre su sistema de gestión ambiental y su desempeño, así como sobre cualquier evento ambiental de relevancia que ocurriera en el marco de sus operaciones”.
La compañía también dijo que “cuenta no sólo con la información enviada a medios de comunicación, sino con su Reporte de Sustentabilidadbasado en las más exigentes normas y estándares internacionales”. Y, además, “brinda la información pertinente de manera regular y asidua a los organismos de aplicación y control de los tres niveles de gobierno según sea el caso, cumpliendo con todas las obligaciones que fijan las leyes que regulan su actividad y operando según estándares altos y exigentes en materia ambiental”.
En Farn indicaron que del mismo modo que se brindan estos detalles a las autoridades, debería ser de acceso público esa información. “Este fallo es el primero en Argentina que brinda reconocimiento y validez al Acuerdo de Escazú, pionero en América Latina y el Caribe en lo referido a proteger, promover y garantizar el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en temas ambientales, y del cual nuestro país es parte. Asimismo, se trata de uno de los primeros casos de acceso a la información vinculado a temas ambientalesque involucra a una petrolera luego de que el Congreso sancionara la Ley de Acceso a la Información Pública, que crea una excepción al derecho para mantener en secreto la información referida a empresas que cotizan en bolsa”, agregaron en la ONG.
Los acuerdos y la información secreta en Vaca Muerta tiene una larga historia. Una de los primeros capítulos ocurrió con el acuerdo que se firmó entre YPF y la americana Chevron, causa que llegó hasta la Corte Suprema que ordenó que se revelara por considerarlo de interés público.
El entonces senador nacional por el socialismo y actual diputado de Santa Fe Rubén Giustiniani inició una causa judicial porque YPF se negaba a dar a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003de acceso a la información pública no la alcanza y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto. La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri.
El fallo completo:
Fuente: Infobae