En un duro escrito, los abogados de la Argentina sostuvieron que Néstor Kirchner permitió una serie de “acuerdos falsos” y que, por lo tanto, un fondo buitre no tiene hoy derecha a cobrar indemnizacion alguna.

El Gobierno argumentó ante la Justicia de Estados Unidos que la compra del 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se hizo “bajo un procedimiento fraudulento” durante el gobierno de Néstor Kirchner y “sin poner un peso”.

En un escrito técnicamente duro presentado el lunes a la noche a la jueza de Nueva York Loretta Preska y al que accedió Clarín en fuentes gubernamentales, el gobierno sostuvo que la operación fue de “legalidad nula” y describió una serie de supuestos hechos irregulares o de corrupción. La nota incluye la versión taquigráfica de un discurso del ex ministro de Economía y actual candidato a gobernador Axel Kicillof en el que dice que no se iba a respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas y que es uno de los ejes del debate judicial.

Así los representantes legales de la Argentina sentaron posición ante la audiencia de este jueves en que ser verán, por primera vez, con los demandantes fondo buitre Burford, quienes compraron el derecho de litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, creadas en España. El escrito es una repuesta a objeciones de los abogados del fondo buitre.

Voceros del grupo Petersen -propiedad de la familia Eskenazi- consultados por Clarín afirmaron que “el grupo no tiene nada que ver con el juicio en Nueva York. Además, el derecho de litigio lo vendió un síndico español a Burford”.

En cuanto a la adquisición de las acciones en el 2008, los voceros de la empresa argentina aseguraron que “la compra fue aprobada por la bolsa de España y varios organismos internacionales. Así que investiguen todo lo que quieran”.

Paralelamente, el juez federal Ariel Lijo espera el resultado de un peritaje para decidir si esa compra de acciones del 2008 fue ilegal en una causa iniciada por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

En la audiencia en Nueva York, se espera que Burford solicite el juicio sumario al considerar que se trata de cosa juzgada y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina que se estiman en unos 3 mil millones de dólares. En cambio, el gobierno quiere ir ya a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra “fraudulenta”.

Incluso, el gobierno plantea pedir el llamado proceso de “discovery”, recurso que le permitirá pedir información sobre quienes son los compradores del derecho de litigio y documentación de todo el proceso.

En la nota del gobierno argentino se sostiene que durante el juicio la Argentina demostrará que “Petersen España, empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos, hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF“, al amparo de Néstor Kirchner. Las empresas del grupo Petersen de la familia Eskenazi adquirieron en 2008 a Repsol 15% de las acciones de la compañía y luego un 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones, pero “sin desembolsar un centavo” ya que se le permitía “hacer uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones”, precisa el escrito.

También se podrá apuntar, en caso de llegar a la instancia de alegatos, a la incapacidad de Petersen para la demanda porque “ya no era un accionista de YPF cuando ocurrió la nacionalización de acciones en 2012” impulsada por Cristina Kirschner a libro cerrado y sin un inventario detallado del estado de la empresa petrolera, según Carrió.

En este juicio en Nueva York el fondo buitre Burford le reclama al estado argentino un monto que podría llegar a US$3.000 millones como indemnización, tras la polémica estatización de la compañía. En 2012 el gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25% de YPF. Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por solo US$ 15 millones.

El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos había rechazado el pedido argentino de revisar la causa iniciada en 2015 por el fondo Burford por lo que ratificó la decisión de la jueza Preska de desarrollar el proceso en aquel país.

En la presentación, impulsada por el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, se afirma que ese paquete accionario “fue adquirido a través de un acuerdo simulado obtenido a través de auto-acuerdo, soborno, corrupción y / o fraude, por lo tanto invalidando el acuerdo ab initio y su adquisición de acciones de YPF”.

“Petersen no adquirió su participación inicial en YPF en el mercado abierto de acciones. En cambio, Petersen adquirió sus acciones a través de un conjunto de acuerdos dudosos con Repsol”, agregó.

En concreto, en 2008, “a través de un conjunto de acuerdos relacionados entre Repsol, Petersen y sus afiliados, y la familia Eskenazi (todos los cuales residen en Argentina), Petersen adquirió su participación de control en YPF sin invertir ningún capital propio significativo y mientras estar completamente inmunizado contra cualquier riesgo de pérdida a través de una indemnización altamente inusual de Repsol”.

Aunque “Petersen no tenía activos u operaciones conocidas, adquirió varios miles de millones de dólares de las acciones de YPF a través de compañías ficticias con financiamiento basado casi en su totalidad en futuros dividendos”.

En lugar “de adquirir las acciones a través de una corporación argentina, Eskenazi, con sede en Argentina, la familia (en nombre de Petersen) efectuó la adquisición de las acciones de YPF a través de una compañía española de reciente creación, llamada PESA, que estaba escasamente capitalizada, y para aislar aún más a de la familia Eskenazi de responsabilidad, PESA era propiedad exclusiva de otra firma española de reciente creación llamada Petersen Inversiones España”, agrega.

Más adelante, señala que “Petersen financió su adquisición del 14.9% del capital social de YPF con más de $ 1.000 millones de un sindicato de bancos internacionales y también “prestaron” más de $ 1 mil millones a Repsol para adquirir el capital de Repsol”. Las cifras son en dólares.

Sin embargo, “Petersen contribuyó simplemente $ 110.1 millones. Noticias argentinas informaron que una cantidad significativa de dinero recibido por la provincia de Santa Cruz (en concepto de regalías petroleras mal liquidadas llamados “los fondos de Santa de Cruz “) fueron utilizados para facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen”.

Para garantizar que Petersen pueda pagar los “préstamos” que recibió “acordó incorrectamente que distribuirían como dividendos el 90% de las ganancias de YPF, en lugar de reinvertir esas ganancias en YPF, y además acordaron pagar una cantidad adicional de dividendos especiales de $ 850 millones, independientemente de las ganancias reales”.

Más adelante, el escrito del gobierno argentina afirma que “cualquier duda de que estos acuerdos de accionistas interrelacionados fueron una farsa quedó disipado cuando en 2012 Petersen no hizo ningún esfuerzo para hacer cumplir su supuesto derecho a completar indemnización después de que Repsol no aprobara los dividendos del 90%”.

En resumen, los demandantes “celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos falsos para adquirir sus acciones de YPF, basadas en una transacción de autosuficiencia que usó de forma inadmisible el capital propio de YPF para permitir que los demandantes “compren” sus acciones y “reembolsen” Repsol. Debido a la naturaleza impropia de los Acuerdos Repsol-Petersen (que causaron daños al gobierno argentino y al pueblo argentino), deben anularse ab initio y, por lo tanto, los demandantes no tienen legitimidad para” seguir con el juicio en Nueva York.

Fuente: Clarín