Son casi 30 plantas que operan en el sector y que están trabajando a pérdida. Alertan que la Secretaría de Energía no cumple con la ley
“Estamos trabajando a pérdida y no sabemos cuánto vamos a aguantar. Estamos en comunicación permanente con los sindicatos explicándoles que en tanto y en cuanto el Gobierno no publique el precio correspondiente a marzo, no sabemos por cuánto tiempo vamos a seguir con la planta abierta”.
La expresión corre por cuenta del gerente de una de las 30 pequeñas y medianas empresa que producen biodiésel en la Argentina exclusivamente para realizar el corte con gasoil.
Sus palabras denotan preocupación porque la Secretaría de Energía debería haber publicado el precio actualizado que deben pagar las petroleras por el biodiésel que adquieren entre el 1 y el 5 de marzo.
Sin embargo, está por concluir el mes y las plantas, que son importantes para las economías regionales, están recibiendo todavía el precio de febrero, que quedó completamente desactualizado, lo que genera que las plantas estén operando sin ningún tipo de seguridad jurídica y con cambios constantes en las reglas de juego.
“El valor que hoy nos están pagando está completamente desfasado. Nos están fundiendo. Porque el precio de febrero estaba calculado en base a un dólar de $37,88. Desde ese entonces, subió más del 10%. Y esto pega en todos los costos”, disparó la fuente consultada, mientras recalca que no sabe por cuánto tiempo más va a seguir produciendo biodiésel, clave para realizar el corte con gasoil.
Sucede que, según detalló, insumos como el metanol y el aceite de soja están completamente atados a la evolución del tipo de cambio. Estas materias primas representan el 95% de la estructura de costos. Entonces, cuando se produce un salto del billete verde, los costos también acompañan.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) ya habían visibilizado la dura problemática que enfrenta esta industria cuando, a través de un extenso comunicado, plantearon que todas las plantas nacionales están “produciendo a pérdida, sin posibilidad siquiera de cubrir los costos variables”.
“Es decir, las Pymes de biodiésel debemos abastecernos de materia prima e insumos a precios de mercado, pero no podemos trasladar los mayores costos, conforme lo establece el marco regulatorio vigente, al precio del producto que deben adquirir las empresas petroleras, quienes, por otra parte, no tienen restricciones para trasladar sus mayores costos al precio en el surtidor”, agregaron.
Así las cosas, desde la entidad consideraron que se trata de una medida “discriminatoria”, dado que ya no está rigiendo para los proveedores de materia prima e insumos el mismo trato que reciben las empresas petroleras que adquieren biodiésel para mezclarlo con gasoil y comercializarlo en los surtidores.
Además, alertan que se está ante un “flagrante incumplimiento de la Ley 26.093 y, en particular, de la resolución 2/2019 suscripta por el actual secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
Sucede que, en dicha resolución, se hacía explícito que “el precio de adquisición de biocombustibles a las empresas promocionadas debe calcularse propendiendo a que los productores que operen en forma económica y prudente tengan la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables a la producción”.
Riesgo de suspensiones
Lo que más preocupa ante el eventual cese de actividad en las plantas, es qué va a suceder con las 1.600 personas que hoy en día trabajan en este sector, en un escenario claramente difícil para el empleo en la Argentina.
Las suspensiones son la última alternativa a la que quieren echar mano los empresarios. Sin embargo, no saben cuántos días más podrán seguir produciendo para vender a pérdida.
Desde la entidad indicaron que los productores se ven afectados “por la decisión unilateral, arbitraria y discriminatoria de la Secretaría de Energía de la Nación de no publicar el precio del biocombustible para el mes de marzo, sin cumplir con lo establecido en el marco regulatorio que rige la actividad”.
Falta de previsibilidad
A raíz de la falta de publicación, desde CEPREB alertaron que se evidencian dos cuestiones igualmente preocupantes: por lado, hacen referencia a “una vulnerabilidad absoluta a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica”.
Por otro, plantean que hay una “inobservancia del compromiso de diálogo y consenso con los productores afectados, que fue uno de los pilares del discurso político de esta administración”.
Consultado sobre este punto, el gerente de una de las plantas que aceptó dialogar con este medio, aseguró que “la falta de diálogo que hay desde el Gobierno para con nosotros es total”.
“Necesitamos que se respete lo que marca la normativa y se publique el precio en tiempo y forma para operar de manera sustentable. Lo último que queremos es frenar la producción y suspender personal, pero no sabemos cuántos días más puede seguir esto”, concluyó la fuente consultada.
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